sábado, 8 de marzo de 2014

El Plan Mahan y el Expansionismo de los Estados Unidos, por FRANCISCO BERROA UBIERA (para "Notihistoriadominicana.blogspot.com" del 13-03-14)



“...Alfred Thayer Mahan era el sumo sacerdote del movimiento en pro de una nueva marina poderosa. Era el presidente de la escuela de guerra naval en Newport, estado de Rhode Island, de entre sus numerosos libros, el primero, La Influencia del Poder marítimo en la Historia, 1660-1783, había causado una impresión tremenda en los círculos pensantes internacionales. Se rumoreaba que hasta el Káiser Wilhelm II lo había leído, quedando muy impresionado.”[1]
Donald Barr Chidsey

1.1. Las bases de la expansión.

Tal y como sostiene el historiador Ernesto de la Torre:
La formación de un imperio se realiza a través de décadas y siglos. Unos surgen con lentitud, pausadamente; otros en forma violenta, casi sorpresiva. La conformación de los estados imperiales se hace en igual forma y su extinción puede ser súbita o lenta. Esta clase de estados ha existido siempre, pero adquieren, de acuerdo con el tiempo y las circunstancias, características diferentes, muchas de las cuales contribuyen a su formación y extinción.” [2]
Y ciertamente, la historia mundial es aleccionadora sobre el fenómeno del expansionismo de los estados imperiales, pudiéndose establecer y comprobar que la formulación de un plan estratégico de carácter colonialista por parte de un estado requiere, como un requisito sine qua non, que dicho estado manifieste un cierto y elevado grado de desarrollo en los órdenes económico, social, político y militar.
Si tomamos en consideración que en 1800 la superficie total de los Estados Unidos era de apenas 892,135 millas cuadradas apreciaremos mejor como se verificó el desarrollo de esta nación; si sumamos a esa primera cantidad las 885,000 millas cuadradas agregadas al producirse la compra a Francia del territorio de Luisiana hecha por el presidente Thomas Jefferson en 30 de abril de 1803 por la suma de 15 millones de dólares (equivalentes a la suma de 60 millones de francos de la época), siendo dicho territorio poblado con anglosajones. Posteriormente se sumaron 59,000 millas cuadradas con la adquisición de La Florida, comprada a España en 1819; y, con la anexión posterior del territorio de Oregón, mediante el tratado de 1845, se sumaron 285,000 millas cuadradas más.
Asimismo, a raíz de la guerra con México, hecha con el propósito de confirmar la anexión de Texas y para ampliar la expansión hasta el Pacífico, fue posible agregar 529,000 millas cuadradas más al territorio de Estados Unidos, aumentadas luego en otras 30,000 millas cuadradas a resultas de la compra de Gadsden de 1853[3], llegando a sumar un gran total de 2, 680,135 millas cuadradas a mediados del siglo XIX.
Incluso, se sabe que en Estados Unidos hubo una legislación para fomentar la inmigración y la colonización hacía el Oeste. Un ejemplo de ello es la Ley Homestead, promulgada en 1862 con estos fines; por medio de dicha ley fueron transferidas tierras públicas a personas y compañías privadas, fomentándose así la producción agrícola, ganadera, minera, y posteriormente la agroindustrial, el comercio, las actividades financieras, los oficios, las actividades artesanales, la industria ligera y finalmente la industria pesada, la metalúrgica, y la producción industrial moderna en el Oeste de Estados Unidos.
En palabras de Frederick Jackson Turner expresadas en 1890, refiriéndose a la expansión norteamericana hacía el Oeste, éste consideró que: "Hasta hoy, la historia americana ha sido en gran medida la de la colonización del gran Oeste. La existencia de una zona de tierras, de su continua recesión y del avance hacia el Oeste de la colonización, explican el desarrollo de la Nación americana".[4]

1.2. El crecimiento económico USA y la política expansionista.

Para una mejor comprensión del crecimiento económico experimentado por Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, obsérvense estos datos:
a) La inversión en ferrocarriles: en 1865 Estados Unidos disponía de cerca de $1,000,000,000.00 (un billón de dólares) invertidos en ferrocarriles, y ocho años después, en 1873, esta inversión se había casi cuadruplicado, elevándose a la suma de $3,700,000,000.00 (billones de dólares) en 1873;
b) La producción agrícola de 1873 se valoró en $1,600,000,000.00 (billones de dólares), y en 1900 en $4,739,000,000.00 (billones de dólares);
c) Ya en 1894 la producción industrial de Estados Unidos superaba con creces la producción de Inglaterra; mientras los ingleses producían bienes por un valor de $4,236,000,000.00 (billones de dólares), Estados Unidos producía bienes industriales y manufacturas por un valor aproximado de $9,498,000,000.00 (billones de dólares), y seis años después, en 1900, la producción industrial fue valorada en la suma de $13,739,000,000.00 (billones de dólares);
d) En cuanto a la inversión de capitales, en 1850 se habían registrado inversiones por un monto de $553,245,350.00 (billones de dólares) , y 30 años más tarde, en 1880, las inversiones de capitales ascendían a $2,790,272,606.00 (billones de dólares).
e) En cuanto a la población; conjuntamente con el crecimiento económico que se verificó en la sociedad norteamericana, también creció cuantitativamente su población, principalmente como una consecuencia de la avalancha inmigratoria procedente fundamentalmente de Europa, y en menor medida de Asia, y de América Latina. De acuerdo con el VII Censo de población de Estados Unidos, en 1850 su población era de 23,191,874 habitantes, de los cuales 100,000 eran de origen hispano (en 1861, durante la guerra civil de ese país, unos 10,000 hispanos participan en las contiendas en ambos bandos); su población aumentó a 32 millones en 1865, y pasó a ser de 76,149,836 habitantes en 1900; en 1914 ya tenía 95 millones de habitantes;
f) En cuanto a su política de empleo, los norteamericanos asalariados en 1850 eran 958,079, y en 1880 pasaron a ser 2,732,595; y, debido al gran crecimiento demográfico alcanzado, y al enorme desarrollo económico que logró durante esa época su aparato productivo, éste país se convirtió en el principal productor mundial de carbón, acero y otros productos. Según Harold U. Faulkner,[5] entre 1890 y 1893 se organizaron en Estados Unidos 46 corporaciones con un capital total de $1,414,294,000, y entre 1898 a 1920 se formaron 149 corporaciones con un capital ascendente a $3,784,010,000.00, razones por las cuales, el monopolio terminó imponiéndose, y la gran corporación capitalista devino en instrumento de un progresivo control sobre todos los recursos económicos de la nación, caracterizándose por el control de mercados y precios, de los transportes, de la minería, etc.
Cuando Estados Unidos alcanza este gran desarrollo económico durante el siglo XIX -especialmente en la segunda mitad-, implementa, una política expansionista a escala mundial, basada en las doctrinas anteriores denominadas: del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe (1823), así como en las distintas interpretaciones y aplicaciones que de ésta última doctrina hicieron las diferentes administraciones del gobierno norteamericano durante el siglo XIX.
Para esa época la asunción del fenómeno del imperialismo en el mundo dio lugar a la conformación de un nuevo cuadro político, económico y militar en lo concerniente a la relación de fuerzas entre las grandes potencias, particularmente caracterizado por el expansionismo de las nuevas fuerzas estatales de los tiempos modernos.
En la época del imperialismo la grandes naciones, los países ricos, manifiestan un nuevo comportamiento como resultado de su mayor desarrollo tecnológico, económico y militar; casi todos estos países constituían grandes potencias industrializadas con una política exterior sumamente agresiva frente a las demás naciones, disputándose entre estas la hegemonía internacional, el control de mares y océanos, archipiélagos y continentes, y sobre todo, manifestando un patente interés en lograr el control y el monopolio del comercio mundial, y de los centros de producción de materias primas y de riquezas minerales.
Estos son los elementos que empujan a las grandes potencias de la época victoriana, inevitablemente, a una lucha despiadada, y a la puesta en práctica de una política exterior guerrerista y expansionista. Estados Unidos, ubicado en este contexto general, surge como una potencia imperialista desde la última década del siglo XIX.
Igualmente, otros factores ponderables para comprender mejor el crecimiento de los Estados Unidos en el siglo XIX son los siguientes: como resultado de la paz política imperante entre sus estados, y por las buenas relaciones existentes entre ellos -fruto de las transacciones políticas entre liberales y conservadores, republicanos y demócratas-, se hizo posible la implementación de nuevos proyectos de expansionismo; en igual sentido, y resultando de la aplicación de la doctrina Monroe, y de los esfuerzos imperialistas de McKinley [6] (1897-1901), fue factible conjugar todos estos elementos para permitirle a Estados Unidos asumir, a fines de la época victoriana, una política de dilatación en el ámbito global, fundada en uno de los resortes más importante de McKinley : Alfred Thayer Mahan.[7]

1.3. Mahan y el navalismo.

Este militar naval era el asesor del presidente MacKinley durante el desarrollo de la guerra Hispanoamericana, y era además un destacado miembro de la Junta Naval de Guerra creada por éste gobernante.
Mahan fue el autor de la tesis del navalismo, a la luz de cuyos principios los Estados Unidos se convierte en una potencia militar de fuerte textura naval con el fin de expandir su influencia allende los mares. Y tal como Langley lo dice:
“Mahan become more than a philosopher; he emerged a prophet; spreading the fait that would be known in the 1890s as the "large policy". Be its teachings, the United States must "look outward" to the new fromtiers beyond, its own national boundaries. Historical destiny, as exemplified by the role of sea Power in British History, and internal pressures, particularly the tendency of on industrial system to saturate the domestic market with its products, compelled the nations to undertake expansion.”[8]

Y el mismo autor agrega a su juicio anterior:
“Just as outspoken as the promoters of naval expansion were the political champions of a new Caribbean empire. Appealson behalf of manifiest destiny and empire were reinforced by social Darwinist credos and the nations tradition of moral paternalims. It was, acording to the latest doctrine, America's duty to rid Cuba of despotic spanish rule and then remain to tutor Spain's former colony in the art of progressive democracy and civic morality.”[9]

Sin embargo, mucho antes que Mahan, importantes doctrinarios políticos norteamericanos manifestaron su preocupación por la expansión de Estados Unidos allende los mares.
Desde 1889 James R. Blaine entendía que para controlar el canal de Panamá era necesario controlar primero Hawai en el Pacífico, y en el Caribe las islas de Cuba y Puerto Rico.
Hay cuatro nombres que se hallan muy relacionados con el afán expansionista de Estados Unidos para aquellos años, estos son: John Fiske, John Burgess, Josia M. Strong y Alfred Mahan. Todos hicieron predica sobre las virtudes de los angloamericanos, y en cierta medida sustentaron posiciones teóricas propias del darwinismo social. Creyeron en la superioridad racial de los anglosajones, se consideraron superiores en lengua, religión, hábitos políticos, tradición y cultura, profesaron la misión civilizadora y cristiana de Estados Unidos, de adhirieron a las divisas sacrosantas de ley, orden y libertad, y combinaron hábilmente sus concepciones protestantes con sus ideas mercantiles y políticas. Estos influyeron en los gobernantes: William McKinley. Theodore Roosevelt, John Hay y Henry Cabot Lodge. Mahan fue especialmente amigo de Mister Hay, y de Teddy Roosevelt.

1.4. Mahan: el hombre y su obra.

Este militar de carrera que respondió al nombre de Alfred Thayer Mahan, nació el 27 de septiembre de 1940 y murió el primero de diciembre de 1914, fue un oficial naval de Estados Unidos y un excelente historiador y escritor, con un profundo conocimiento de la historia naval. Escribió las obras: “The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 (1890)”, y “The influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1821 (2 vols., 1892)”, y cientos de artículos sobre temas de historia naval y militar, siendo sus obras lecturas obligatorias en las academias navales de Estados Unidos.
Alfred Mahan realizó estudios militares en “The Naval War College at Newport, Rhode Island”, saliendo egresado en la promoción de cadetes del año de 1859, y terminó dirigiendo ese centro de estudios militares a partir de 1885, como presidente de dicha institución, a la cual bautizó con el nombre de “The Naval War College Stephen B. Luce”; allí sirvió desde 1886 a 1889, y desde 1892 a 1893, desempeñando el cargo de Capitán de la Marina de Guerra de los Estados Unidos (Navy). Se le consideró como un especialista en el estudio de la historia naval de los siglos XVII y XVIII.

1.5. La tesis de Mahan.

En conjunto, su obra ejerció una profunda influencia en la estrategia naval de su época, y posteriormente. Sostenía la tesis de la importancia del poderío naval a través de la historia, como un factor de primer orden para que un país pueda alcanzar la supremacía económica sobre las demás naciones del orbe, y así poder establecer su hegemonía político militar a escala global.
Para él, en su época, la supremacía militar y el triunfo en la guerra dependían del control de los mares. Para desarrollar esta singular e importante tesis Alfred Mahan tomó como ejemplo la marina Británica, y su proceso de desarrollo histórico, entendiendo que el poder total sólo se podía alcanzar con una fuerza naval poderosa por medio de la cual se lograse el control de los mares y océanos del planeta.
Al realizar sus investigaciones y prepararse para escribir su obra Mahan hizo un profundo estudio de la evolución histórica de la Marina Británica durante el periodo comprendido entre 1660 a 1783, así como el análisis de la historia naval de Estados Unidos, y de la Marina francesa hasta el cierre de las Guerras napoleónicas (1803-15).
Muy especialmente estudió la Guerra Anglo-Holandesa (1652-74), a partir de la cual Inglaterra se erige en la reina de los mares del mundo.
Abordó con especial interés la guerra anglo-francesa denominada por la historiografía europea como “La Guerra de los Siete Años” (1756-63), y también examinó la historia de los combates navales de la Guerra de la Revolución Francesa (1792-1802).
Para él la Batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805) contenía un significado muy especial, porque en cierta medida, esa batalla marítima ocurrida frente al Cabo de Trafalgar, en la costa española, le permitió al Almirante inglés Horacio Nelson derrotar al también Almirante Pierre de Villeneuve y a la flota francesa que éste dirigía, permitiéndole a la marina Británica durar más de 100 años comandando, con su enorme poder naval, los mares y océanos del mundo de aquel entonces.
Pratt resume su tesis con estas frases:
"This tesis was, in short, that sea power was the most potent factor in the making or breaking of nations, that without sea power no people, however gifted, had attained or could attain the fullest measure of well-being or of influence and importance in world affairs".[10]

Sin lugar a dudas Mahan sentó las bases estratégicas de la expansión de Estados Unidos desde fines del siglo XIX hasta, por lo menos, el momento en que se produce la Primera Guerra Mundial (1914-1918), e influyó sobre almirantes y estrategas militares de todo el mundo: Alemania, Japón, Inglaterra y otras potencias de su época.
El proyecto estratégico de Mahan contaba de los siguientes elementos básicos: a) creación de un canal interoceánico en Centroamérica; b) disponer de una cadena de bases navales bien situadas, desde las cuales se pudiese tener el control de los pasos oceánicos y de las rutas comerciales; c) lograr el crecimiento de la marina de Estados Unidos, tanto la de guerra como la mercante.

1.6. Los mares y su control.

Para Mahan el control de los mares era, cuando escribió su obra, un imperativo inmediato para su país: Estados Unidos. Como buen patriota americano, entendió con una claridad absoluta el significado y la importancia que tenía para la economía y para el comercio marítimo el estudio de la larga historia militar; y sobre todo, comprendió cabalmente, y, captó con gran horizonte de miras, la importancia de alcanzar el control de los mares, porque con ello se lograba el control de todo el comercio marítimo, entendiendo que la marina mercante tampoco podía estar en manos de extranjeros. Su idea era, disponer de: "...a navy capable of defending the merchant marine and keeping the trade routes open in time of war; colonies, which may both serve the interests of commerce directly and also provide naval vessels with secure bases and coaling stations the world over".[11]
De acuerdo con la apreciación de Foner (1975, I):
"En 1890, el Capitán Alfredo Mahan empezó su campaña por una armada adecuada para soportar y justificar «Una vigorosa política exterior». Mahan argumentaba que «quieran o no, los norteamericanos tienen que comenzar a mirar hacia fuera». Un mercado exterior era vital para la prosperidad nacional. La creciente producción del país necesitaba el control de los mercados extranjeros, que a su vez, hacían necesaria una armada poderosa, una marina mercante fuerte con bases seguras y apostaderos de carbón desde los que pudiera operar. Tanto estratégicamente, como desde el punto de vista del mercado, el área del Caribe era crucial; desde luego que bastaría, nada menos que la supremacía americana en el Caribe.”[12]

La piedra angular de la doctrina de Mahan era esta: Que para una nación poder ser fuerte en el mundo, requería disponer de una buena localización en medio de las rutas marítimas (principales vías de comercio, transporte y comunicación), y de un fuerte poderío naval para poder controlar efectivamente las rutas de navegación.
Es por ello que Mahan tenía bien claro que: "Estados Unidos poseía todos los atributos necesarios para alcanzar una posición hegemónica mayor. Sólo debía decidirse a abandonar su aislacionismo y tomar las medidas requeridas para alcanzar la supremacía naval".[13]

1.7. Mahan y los astilleros navales.

Alfred Mahan experimentó una gran preocupación por el desarrollo de los astilleros navales: la industria del barco, en su país. Cuando escribe su obra, en 1890, Estados Unidos apenas dispone de tan sólo una docena de cruceros y de dos barcos de vapor en función de destructores de segunda clase, que eran los buques denominados en inglés battleships: el Maine y el Texas. A partir de la publicación de su libro el congreso de Estados Unidos autorizó la inmediata construcción de "three first-class battleships".[14]
Además de conferirle una gran importancia al asunto vinculado a la construcción de barcos, para Mahan ara una cuestión de vital interés la protección de las costas de su país, lo cual requería de un eficiente servicio de guardacostas, así como la existencia de una adecuada línea defensiva de las mismas.
Para una mejor comprensión del desarrollo naval americano, bastaría con decir que en 1889 la marina de los Estados Unidos ocupaba el décimo séptimo lugar en el mundo, y en 1893 se encontraba ocupando el séptimo lugar. Para una mejor comprensión de este aspecto ver anexo. Como se puede ver en el inventario de barcos de Estados Unidos presentado en dicho anexo, la Flota del Atlántico de Estados Unidos dispone de cuatro acorazados de primera clase, dos de segunda clase, 48 cruceros armados y navíos torpederos. Adicionalmente, estaban en proceso de construcción cinco acorazados de primera clase, 16 torpederos y un submarino. Key West era el centro de operaciones de la flota del Atlántico. La Flota del Pacífico tenia al momento: Cuatro cruceros armados, dos cañoneras, una escampavía, y un navío de guerra de primera clase (el Oregon), todos en la base Bremerton.

1.8. Control de rutas marítimas y del mar Caribe.

Igualmente, Mahan le dio gran valor e importancia al asunto relacionado al control de las rutas marítimas, como también se lo dio al control de los istmos, de los canales y de los llamados pasos oceánicos. Opinaba que el control del Mar Caribe y de sus territorios ayudaría a mantener la libertad de transito marítimo en el mundo, y muy especialmente el transito interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Para él eran medidas necesarias:
“Control of a maritime region in insured primarily by a navy; secondarily, by positions, suitably chosen and space one form the other, upon which as bases the navy rests, and from whith it can exert its strength. At present the positions of the Caribbean are occupied by foreign powers, not may we, however disposed to acquisition, obtain them by means other than righteous; but a distinct advance will have been made when public opinion is convinced that we need them, and should not exert our utmost ingenuity to dodge them when flung at our head.”[15]
En las postrimerías del siglo XIX, que es el momento de auge de las opiniones de Mahan, el interés de Estados Unidos se halla centrado en la adquisición de nuevos territorios ultramarinos, muy especialmente existía un marcado interés en Hawai, en el Pacífico, y en los territorios del Caribe, particularmente en las grandes Antillas, consideradas vitales para el control del Atlántico.
Desde 1890 hasta 1898, la alta producción industrial de Estados Unidos con la consecuente abundancia de mercancías generadas en su economía se hallaba carente de mercados, los cuales debían ser localizados y controlados, de ahí la necesidad de controlar también las rutas marítimas.
Por lo tanto, Estados Unidos procedería a encaminarse, como un imperativo de primer orden, a lograr el desarrollo de una gran fuerza naval que le posibilitara alcanzar el control absoluto de la región del Caribe, requisito sine qua nom para mantener el control del proyectado canal que se construiría en el istmo centroamericano. Por lo tanto, el Caribe era visto como el mediterráneo de Estados Unidos, y el control del canal, una vez se construyera, se podría comparar en importancia con el de La Mancha para Inglaterra, y el de Suez para los países mediterráneos.
Mahan escribió sobre la importancia del Caribe para los Estados Unidos, estableciendo que: "The United States will have to obtain in the caribbean stations fit for continent, or secundary bases of operations which by their natural advantages, susceptibility of defense, and nearness to the control of strategic issue, will enable her fleets to remain near scene".[16]

1.9. Control de colonias y del Istmo de Panamá.
 Asimismo, este maestro de la estrategia naval vislumbró la necesidad de que Estados Unidos lograse el control de mercados y colonias en el ámbito mundial, y manifestó gran preocupación por los avances coloniales de Europa, especialmente los realizados para aquel entonces por Alemania en las islas del Pacífico, en África y en Sudamérica. A los habitantes de estos territorios los consideró como pueblos débiles, y propuso que los Estados Unidos los defendiera de los extranjeros. Afirmó: "The duty is self assumed; and resting as it does, no upon political philantrophy simply interests as affected by....foreign interference".[17]
Fue partidario de una acción civilizadora de la religión cristiana protestante en los pueblos orientales, aunque entendía que los chinos, hindúes, y japoneses tenían forjadas antiguas culturas con profundas raíces en el pasado.[18]
Alfred Mahan también se interesó en las islas de las Antillas mayores, especialmente en Santo Domingo[19] y Puerto Rico, y en las islas del archipiélago de Hawai, por entender que éstos territorios tenían gran importancia comercial y militar, y cuyo control debía depender de: "whose control might be productive of internacionational quarrels all these things might perhaps jar the United States from her wonted complacency, might lead her to "look outward" and to build up her sea power".[20]
Este famoso estratega militar es asimismo uno de los que anticipa sobre la necesidad de establecer el control del istmo de Panamá por considerarlo el lugar más apto para la construcción de un paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, que sirviera en tiempos de guerra para mantener un control de los dos océanos, y en tiempos de paz para usarse con fines de mantener el control de las rutas comerciales, y en cierta medida del comercio internacional.
Entendía que: "American must now to lock outward. The growing production of the country demands it. The position of the United States, between the two old worlds and the great two oleans, make the same claim, which will be soom strengthened by the creation of the new link joining the Atlantic and the Pacific".[21]
Mahan manifestó especial interés en el istmo de Panamá, y consideró que en él se debía construir un canal interoceánico, el cual daría una gran importancia al mar Caribe porque se convertiría en una de las grandes avenidas del mundo occidental, y sería la "línea de comunicación" más importante y de mayor valor estratégico en todo el continente americano.
Creyó, además, que el territorio de las islas de Hawai debía ser controlado y estar bajo dominio de Estados Unidos, porque era en el Pacífico, fuera de Norteamérica, el lugar que garantizaba la preservación de Estados Unidos frente a cualquier ataque procedente del oriente, es decir, una suerte de frontera exterior de las tierras continentales.
Particularmente se interesó en la isla de Oahu, y en su bahía de Pearl Harbor, pues el establecimiento de una base en dicho sitio extendería la capacidad de acción operativa de los barcos de guerra de Estados Unidos en el Pacífico. En este sentido Pratt afirma lo siguiente:
"In that approaching Armageddon, the United States wold need not only the unobstructed use of the isthmian canal, but outposts in the Pacific as well, and the most logical outposts was in the Hawaiian Islands. As early as 1890 Mahan had remarked that for the defense of the west coast it was essential that no foreign power should acquire a lodgment in those islands".[22]

Por igual entendía que era menester ejercer el control de las rutas comerciales de los océanos Pacífico y del Atlántico frente a las ambiciones de Europa, y planteó la necesidad de controlar las rutas de acceso al mar Caribe, especialmente sus estrechos y canales marítimos, por considerarlos como los pasos naturales desde el Océano Atlántico al mar Caribe, por lo cual, según Mahan había que controlar los siguientes pasos: en primer lugar, el canal de Yucatán -entre México y Cuba- paso obligado para los barcos que entran y salen del Misisipí; en segundo lugar, el llamado Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití, por ser la principal ruta de acceso al istmo de Panamá por el Norte; y en tercer lugar, el paso de Anegada, junto a Santo Tomás (Saint Thomas), que separa las pequeñas Antillas de Barlovento de la de Sotavento, por estar situado en línea directa entre el istmo y Europa; y en cuarto lugar, el paso de la Mona, entre República Dominicana -isla de Santo Domingo-, y, Puerto Rico.
Desde 1890 Mahan recomienda controlar los pasos o canales del mar Caribe instalando bases en la isla Culebra, adyacente a la de Puerto Rico; y en la bahía de Samaná, en la isla de Santo Domingo, al entender que "...si Estados Unidos controla estos canales, combinado baterías terrestres con fuerzas navales ubicadas en los puertos principales, le quitaría a cualquier enemigo una base de operaciones, y al mismo tiempo, conservaría abiertas las líneas de comunicación".[23]
Para Alfred Mahan era un asunto vital que Estados Unidos tuviese el control de algunos territorios del Caribe con gran valor estratégico militar, y entre éstos consideró muy especialmente la isla de Cuba, al considerarla como la llave del Caribe, en tanto permite, por su ubicación geográfica, el control del Golfo de México por el lado Oeste, y las aguas cercanas a Haití por el Este. Entendía que una posición fuerte en Cuba permitiría el control del Paso de los Vientos o Canal de Barlovento. En Cuba, fijó su atención en la Bahía de Guantánamo, considerándola muy necesaria para Estados Unidos poder ejercer un efectivo control de Jamaica en manos inglesas. A Jamaica la consideró importante, pero con menos valor que Cuba.
En cuanto a la isla de Puerto Rico el estratega naval expresó que: "(The) estimate of the military importance of Puerto Rico should never be lost sight of by us as long as we have any responsability direct o indirect, for the safety or independence of Cuba. Porto Rico, considered militarily, is to Cuba, to the future isthmian canal, and to our Pacific coast what Malta is, or may be, to Egipt and beyond..."[24]
Este importante historiador naval entendía que:
"había que cuidarse de no ocupar y fortificar más territorios de los que eran esenciales para el control de la región; de lo contrario se corría el riesgo de dispersar demasiado las fuerzas navales. Lo más indicado era conservar una serie de posiciones fuertemente fortificadas desde las cuales la flota, una vez reunida, pudiera atacar velozmente una fuerza invasora".[25]
Según opina Chidsey, Donald Barr:
“Las obras de hombres como el Capitán Alfred Thayer Mahan (...) se convirtieron en nexo de unión entre los que estaban a favor de una marina poderosa. Se comenzó la compra de vapores y yates preciosos para acorazarlos. Al ejército le asignaron sólo unos seis millones de dólares y la mayor parte de esta suma se gasto en cañones de defensa costera. Evidentemente, Alger[26] y sus generales creían fielmente en la excusa dada para la apropiación.”[27]

Para Mahan, dicho en apretada síntesis, su programa de primacía naval imperialista comprendía cuatro puntos básicos: a) la conformación de una fuerte y amplia escuadra naval; b) la ocupación y colonización de las islas del Pacífico para el establecimiento de bases navales; c) establecer la hegemonía norteamericana y el control naval y militar en las islas del Caribe, para así garantizar el dominio del mar del mismo nombre; y, d) la necesidad de controlar el istmo de Panamá para construir en él un canal interoceánico.
Los más acérrimos defensores de las ideas de Mahan a lo interno de Estados Unidos fueron los líderes del Partido Republicano Theodore Rossevelt[28] y el senador conservador Henry Cabot Lodge. Por ello, al ser implementado su plan, desde finales del siglo pasado, y sobre todo a principios de este siglo, Estados Unidos ya disponía para entonces de la tercera escuadra naval del mundo.
Como resultado de la aplicación de este plan se produjo en 1898 la anexión de Hawai, y además, al finalizar la guerra Hispanoamericana fueron anexados a los Estados Unidos los territorios de Cuba y Puerto Rico como un resultado de los acuerdos del Tratado de París de fecha 10-XII- 1898, por medio del cual España renunció a los derechos que tenía en estas islas, y en los restantes territorios de América, otrora bajo su dominación colonial, así como a sus prerrogativas en las islas del archipiélago Filipino y en la isla de Guam en el archipiélago de los Ladrones o Marianas conformándose España con recibir la suma de 20 millones de dólares en calidad de indemnización por los daños recibidos durante la guerra.
Asimismo, posteriormente, Estados Unidos logró imponer el disfrute perpetuo del canal de Panamá, el cual había sido originalmente diseñado por ingenieros franceses, y este país, Francia, había iniciado la construcción del mismo,[29] pero, invadido el istmo a principios de este siglo (1902), Estados Unidos instaló un gobierno títere, y logró obtener de "su gobierno panameño" una concesión especial para realizar la construcción del canal,[30] negociando a la vez con la República de Francia un acuerdo a fin de que las inversiones francesas en el istmo fuesen debidamente resarcidas, motivo por el cual, a partir de la finalización de la obra, y de su apertura a la navegación, Estados Unidos logró imponer su control exclusivo y absoluto, y la ocupación de dicho istmo hasta el momento en que se escriben estas líneas, y desde 1914 hasta hoy, éste país ejerce su dominio sobre este paso acuático, interoceánico y artificial.
Sobre el interés anterior de los norteamericanos en Panamá se sabe muy bien que desde antes de 1850 el Istmo de Panamá era codiciado por Estados Unidos. En 1848 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Tratado Mallarino-Biblack firmado en 1846, por el cual Estados Unidos se comprometió, según la cláusula 35, a garantizar a Nueva Granada la neutralidad del istmo de Panamá y el derecho de soberanía de Nueva Granada. El istmo recibió, de 1850 a 1903, 50 desembarcos militares por parte de Estados Unidos. Durante la Guerra de Secesión (1860-1865) se usó como paso de armas, municiones y mercancías. En 1850, con el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, Inglaterra y Estados Unidos se comprometieron a no fundar fortificaciones militares en el istmo, en caso de que alguno de los dos países hiciera un canal. En 1899 McKinley creó una comisión científica para crear el canal.[31]
En 22 de enero de 1903 Colombia y Estados Unidos firman el Tratado Hay-Herrán que dio a Estados Unidos una concesión para la construcción de un canal interoceánico, otorgándose una concesión de uso y manejo por 99 años. Panamá, al proclamar su independencia pocos meses después ratificó dicho Tratado y recibe en cambio 10 millones de dólares, más 250,000 dólares anuales. El senado de Estados unidos aprobó dicho convenio.
Finalmente, los norteamericanos se encargan de hacer la implementación posterior de la doctrina de la Diplomacia del dollar[32] la cual garantiza a Estados Unidos el control financiero de todo el hemisferio.

Referencias y bibliografia:

[1] Chidsey, Donald Barr: La guerra hispano-americana (1896-1898), Barcelona, Grijalbo, S.A., 1973, P. 74.
[2] En: La independencia de México, Mapfre, Madrid, 1992. P.9.
[3] Ver: Harold U. Faulkner: Historia económica de los Estados Unidos, Buenos Aires, Nova, 1956, PP. 620-621.
[4] F. J. Turner: La frontera en la historia americana, Madrid, ediciones Castilla, 1960, P. 21.
[5] Ver: Harold U. Faulkner: Politics, reform and expansion, London, Hamish Hamilton, 1959. P. 74.
[6] William MacKinley (1843-1901), después de una larga carrera en la administración pública de Estados Unidos (Procurador Fiscal en Canton, Ohio entre 1867 a 1869; congresista durante 14 años a partir de 1876; y, luego electo gobernador de Ohio a partir de 1891), alcanzó la presidencia de su país en 1897, hasta su muerte ocurrida el 14 de septiembre de 1901 como resultado de un atentado terrorista perpetrado por el anarquista Leon Czolgosz el 6 de septiembre del mismo año.(Nota de Francisco Berroa).
[7] A juicio de Langley, Lester: The United States and the Caribbean In the Twentieth Century, Athens, Georgia, The University Of Georgia Press, 1980, P. 7: "Mahan echoed McKinley’s imperialist theme by pointing out the danger to national interest if the country, having defeated Spain, failed to carry through with a policy of regeneration and beneficence in order to uplift backward societies".
[8] Lester Langley: Opus citatus, P. 6
[9] Ibídem.
[10] Pratt, Julius W: Expansionists of 1898. The acquisition of Hawaii and the Spanish Islands, New York, Quadrangle Books, 1936. P. 12.
[11] Pratt, Julius: Opus cit., P. 13.
[12] Foner, Phillip S.: La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano. 2 tomos, Madrid, Akal Editor, 1975: I, P. 30.
[13] Estades Font, Maria Eugenia: La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico 1898-1918. Intereses estratégicos y dominación colonial, Río Piedras, Huracán, 1988, PP. 26-27.
[14] Pratt, Julius: Opus cit., P. 13.
[15] En Pratt, Julius: Opus cit., P. 15.
[16] Alfred Thayer Mahan: The influence of Sea Power upon History, 1660-1783, New York, Hill and Weng, 1968, P. 30.
[17] Alfred Mahan: The interest of America in Sea Power: Present and Future Sampson Low, London, Marston & Co., 1987, PP. 168-169.
[18] Ibídem, P. 243.
[19] Mahan, en un artículo publicado en 1897 destacaba la importancia de la bahía de Samaná (Nota del Autor).
[20] En Pratt, Julius: Opus cit., P. 15, cita el ensayo de Mahan titulado:"The United States Looking Outward", Atlantic Monthly, December, 1890, reprinted in The Interest of America in Sea Power, Present and Future, PP. 3-27.
[21] Alfred Mahan: Opus cit., 1987, PP. 21-22.
[22] Pratt, Julius: Opus cit., P. 16.
[23] Mahan, Alfred Thayer: The strategic features of the Gulf of México an the Caribbean Sea. Naval Strategy Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1975, reimpresión de 1911, P. 29.
[24] Alfred Mahan: Lessons of the war wich Spain and other articles, Boston, Little, Brown and Co., 1918, P. 28.
[25] Mahan: Opus cit., 1911, P. 30.
[26] Aquí Chidsey, Donald Barr se refiere a Russel A. Alger, quien fue el Secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1897 a 1899 durante el gobierno de William Mckinley (Nota del Autor).
[27] Barr: Opus cit., P. 55.
[28] Fue el vigésimo sexto presidente de Estados Unidos. Ocupó el cargo tras la muerte de William Mckinley, ocurrida el 14 de septiembre de 1901, y termina su mandato en 1904, siendo reelecto hasta 1909. Roosevelt nació el 27 de octubre de 1858 en New York, y era hijo de un importante comerciante de origen alemán importador de cristales. Desempeñó varios cargos públicos y tuvo una destacada participación en la guerra Hispano-americana de 1898, y luego fue gobernador de su ciudad natal (1899-1900), alcanzando la nominación vice-presidencial en 1900 al lado de McKinley (Nota del Autor).
[29] La inversión francesa alcanzó un monto aproximado de US $ 275,000,000 y Estados Unidos US $ 388,000,000.00 Ambas inversiones totalizan 663,000,000.00 (Nota del Autor).
[30] El 3 de noviembre de 1903 Panamá declaró su independencia de Colombia, pero la República nació con un compromiso medular con Estados Unidos: nació con el Tratado del Canal. En Estados Unidos fue dictada en 1902 la Ley Spooner que autorizó al gobierno de Theodor Roosevelt a negociar con Colombia la adquisición del istmo. El 22 de enero de 1903 nace el proyecto de Tratado de Canal Herrán-Hay. Fueron adquiridos 260,000,000 de metros cuadrados de tierra en una faja de 16 kilómetros de ancho por 80 de largo, y construido un canal a un costo de US $ 937,000,000. La construcción del canal conllevó la canalización del río Chagres para unirlo al río Grande que desemboca en el Pacífico. La obra terminó el 15 de agosto de 1914, y el mismo fue abierto al comercio internacional en 1920. Ver: Ernesto de Jesús Castillero Pimentel: "Extrañas circunstancias en que los Estados Unidos adquirieron la zona del canal", en Rodrigo Et al: 1980: II: P. 170 y siguientes).
[31] Ver: Carlos Iván Zúñiga: "Las intervenciones norteamericanas en el Istmo", en Rodrigo Et al: 1988: I: PP. 459-483.
[32] The policy that came to be called "dollar diplomacy" represented in the private aphere, the efforts of American bankers to obtain adequate safeguards from The United States government for loans made to Caribbean republics. Banks considering such financial ventures ordinarily expected the State Departament to render an official assessment of the financial and political trustworthiness of the recipient"32."The policy that came to be called "dollar diplomacy" represented in the private aphere, the efforts of American bankers to obtain adequate safeguards from The United States government for loans made to Caribbean republics. Banks considering such financial ventures ordinarily expected the State Departament to render an official assessment of the financial and political trustworthiness of the recipient". En: Langley: Opus cit., 1980: P. 53.
[33] Fuente: W. A. M. Goode: With Sampson through the war. New York: Doubleday & McClure Co.,1899: P. 277-286. 





martes, 4 de marzo de 2014

Película Mi Amigo Hugo de Oliver Stone se estrenará este miércoles en TeleSur, por YVKE Radio Mundial del 04-03-14.

La película contará con un espacio en el sitio web del canal



YVKE Mundial/AVN
La película Mi Amigo Hugo, del cineasta estadounidense Oliver Stone, se estrenará este miércoles. El rodaje de la cinta se hará a través del canal TeleSur.
"Usted puede ver mi película más reciente, que vienen en una semana en la televisión venezolana, un documental que conmemora el primer aniversario de la muerte de Chávez", escribió en días pasado Stone, a través de su cuenta en Twitter @TheOliverStone.
La presidenta de TeleSur, Patricia Villegas, recalcó en enero pasado que la película contará con un espacio en el sitio web del canal en el que estarán disponibles los tras cámara del documental y entrevistas completas.
Este documental forma parte de la programación especial denominada Esta historia se llama Chávez, que el canal transmitirá durante todo el mes de marzo.
/M.V

Publicado en:
 http://www.radiomundial.com.ve/article/pel%C3%ADcula-mi-amigo-hugo-de-oliver-stone-se-estrenar%C3%A1-este-mi%C3%A9rcoles-en-telesur#.UxYcht3i0Xw.twitter

domingo, 23 de febrero de 2014

Wikileaks deja en evidencia que EEUU promueve y financia el fascismo en Venezuela, por Edgar Romero (para "AVN" y "Nos Comunicamos" de febrero de 2014)


por Edgar Romero

Caracas, 20 Feb. AVN.- Las estrategias del gobierno de Estados Unidos y el financiamiento de sus agencias a la oposición política venezolana para derrocar la Revolución Bolivariana siempre han tenido un mismo fin: proteger los intereses o “negocios” de Washington.
Ese objetivo ha quedado en evidencia en documentos que la Embajada de EEUU en Caracas ha enviado a la Secretaría de Estado y la Casa Blanca, revelados por el portal Wikileaks.
Durante los 15 años de Revolución la embajada y agencias estadounidenses han trabajado en la captación de activistas, desarrollo de “programas sociales” y entrega de fondos a partidos de derecha para impulsar acciones contra el Gobierno.
El propósito de derrocar a Hugo Chávez para acabar con la Revolución Bolivariana, toma ahora la forma de buscar, por cualquier medio, la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien desde que asumió el poder en abril de 2013 ha enfrentado acciones como acaparamiento de alimentos, especulación de precios, inflación inducida y más recientemente actos violentos de grupos fascistas que aspiran a derrocar su gobierno.

Estrategia contra Venezuela

Entre los documentos revelados por Wikileaks se encuentra un informe emitido por el consejero político de la embajada de EEUU en Caracas, Robert Downes, denominado “Cinco puntos estratégicos del equipo en el país para el apoyo programático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés)”.
En ese informe se resumen los puntos estratégicos que delineados para el período 2004-2006, es decir, desde que la Revolución Bolivariana ganó el Referendo Revocatorio hasta las siguientes elecciones presidenciales.
Esos cinco puntos fueron: Fortalecimiento de las instituciones democráticas, penetrar la base política de Chávez, dividir al chavismo, proteger los negocios vitales de EEUU, y aislar a Chávez internacionalmente.
Estas acciones se hicieron, principalmente, mediante la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la Usaid.
Entre 2004 y 2006, la OTI entregó 15 millones de dólares a 300 “organizaciones civiles”, bajo la pantalla de derechos humanos y programas de educación.
Para "penetrar la base y dividir al chavismo", la embajada de EEUU trabajó para infiltrar organizaciones populares. “La OTI ha llegado directamente a aproximadamente 238.000 adultos a través de más de 3000 foros, talleres y sesiones de capacitación (...) proporcionando oportunidades para que activistas de la oposición interactúen con chavistas, con el efecto deseado de alejarlos despacio del chavismo”, señala el texto.
Asimismo, la OTI fundó a 34 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para penetrar en los municipios y creó programas para inmiscuirse en grupos locales y generar descontento en cuanto a asuntos puntuales como servicios básicos, entre otros.
Para “aislar a Chávez” del plano internacional, la OTI hizo usó su influencia en ONG de otros países de la región y EEUU. Además, financió el envío de opositores venezolanos a otras latitudes para desarrollar la campaña contra la Revolución Bolivariana.
“Civicus, una alianza mundial de ONG, ha puesto el tema de Venezuela en su breve lista Civil Society Watch de países que preocupan”, reza el documento.
Captar militantes en universidades
Un segundo cable, de febrero de 2008, también clasificado por Downes, revela una reunión sostenida por integrantes de agrupaciones universitarias de derecha con un representante de la Usaid.
El encuentro, en el que participaron principalmente miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve), se llevó a cabo el 9 de febrero de 2008 en casa de Carlos Tinoco, en el estado Mérida.
Entre los asistentes mencionan a Lawrence Castro, de la Universidad de los Andes en Mérida y presidente para ese entonces de Fedeve; también, Lestor Toledo, de la Universidad de Zulia y ex presidente de Fedeve; Dorian González, de la Universidad de Los Andes en Mérida y entonces presidente de la asociación de estudiantes; y Ziamar Castillo, para ese momento presidente de la Unión de Estudiantes de Derecho en la Escuela Universidad Católica Andrés Bello del estado Bolívar.
Los encargado de coordinar al grupo fueron Tinoco y el politólogo Carlos Ponce.
En esa reunión con el representante estadounidense, se habló sobre las elecciones universitarias de febrero de 2008, consideradas importantes para la legación diplomática de EEUU, y se aprobaron fondos por parte de Usaid y la embajada para el desarrollo de una Convención Nacional que denominaron “Los estudiantes y los profesionales del derecho”, y que se llevaría a cabo en Maracaibo.
El grupo de "estudiantes" solicitó fondos para recibir asesoría de parte de otros movimientos, en particular de Europa del Este, y también para llevar a cabo seminarios sobre “promoción de la democracia” e iniciar un programa de radio.

Acciones ante referendo de 2009

Otro cable revelado por Wikileaks es un informe denominado “Referendo sobre los límites del mandato presidencial: lo que está en juego”, de fecha de enero de 2009.
El texto, clasificado por el consejero político de la embajada de EEUU en Caracas Daniel Lawton, se refiere a las acciones que debía tomar EEUU al acercarse el referendo de febrero de 2009, sobre la propuesta de enmienda constitucional para permitir la reelección de cargos públicos de manera indefinida.
Se consideró como un “momento decisivo” para Venezuela, entre otras razones, por que si la revolución ganaba los diplomáticos estadounidenses anticipaban la reelección de Chávez en 2012, y eso era motivo de preocupación.
En caso de una derrota de la revolución, se calculaba que habría una erosión dentro del chavismo: que “dirigentes ambiciosos” desafiarían al Presidente, aunque sólo se nombra a Henri Falcón, quien curiosamente pasó a la oposición política en febrero de 2010 (un año después). Además, se estudiaba potenciar las figuras de Henrique Capriles y Carlos Ocariz dentro de la oposición: habían ganado la gobernación de Miranda y la alcaldía de Sucre, respectivamente, unos meses antes.
Se hablaba también de utilizar los recursos de la Usaid para apoyar a “grupos de la sociedad civil, incluidos grupos de estudiantes”.

Más dinero

Otro informe que salió a la luz se denomina “Solicitud de fondos para ayudar a fortalecer los gobiernos locales y los grupos de la sociedad civil”, clasificado por el entonces encargado de negocios de la embajada de EEUU en Caracas, John Caulfield.
Este archivo, con fecha marzo de 2009, señala que luego de los comicios regionales y municipales de 2008, se dibujó en Venezuela un nuevo mapa político “el cual ofrece oportunidades para incrementar el alcance del gobierno de EEUU en el nivel local”.
La embajada de EEUU consideraba entonces que los 7 millones de dólares asignados por Washignton para financiar a la oposición venezolana en 2009 eran insuficientes.
Por ende, se solicitaron 3 millones adicionales para llegar a un total de 10 millones de dólares sólo en 2009.
De ese total, 5 millones serían usados para “llevar democracia”, mediante el apoyo a gobiernos locales. El trabajo se haría en municipios seleccionados.
Otros 4 millones serían destinados al “apoyo a la sociedad civil”. Con esto se financiaría a ONG y a partidos políticos para impulsar “el movimiento estudiantil”.
El otro millón era para “apoyo a las elecciones”, como los comicios legislativos de finales de 2010.

La petición de Podemos

Otro informe dado a conocer por Wikileaks, de fecha de septiembre de 2009, revela una reunión sostenida de los representantes de Washington en Caracas los diputados a la Asamblea Nacional Ricardo Gutiérrez, Juan José Molina e Ismael García, del partido Podemos.
En ese encuentro, previo a los comicios legislativos de 2010, García pidió la intervención de EEUU en Venezuela.
Según el texto, clasificado por el consejero político de la legación diplomática Robin Meyer, el representante estadounidense señaló en ese momento que “los EEUU no están para intervenir en Venezuela”, a lo que García respondió: ”Ahora es el tiempo de comenzar”.
Podemos además pidió fondos para crear una televisora por internet o cable.

Publicado en:
 http://nos-comunicamos.com.ar/content/wikileaks-deja-en-evidencia-que-eeuu-promueve-y-financia-fascismo-en-venezuela

lunes, 17 de febrero de 2014

PROCLAMA DE CIPRIANO CASTRO ANTE EL BLOQUEO EXTRANJERO A VENEZUELA (1902)






Cipriano Castro
Cipriano Castro
[1902]
Venezolanos:
¡La planta insolente del Extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria!
Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin precedentes, sin posible justificación, hecho bárbaro, porque atenta contra los más rudimentarios principios del Derecho de Gentes; hecho innoble, porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía, es el hecho que acaban de realizar en la rada de La Guaira, hace pocos momentos, las escuadras alemana e inglesa; sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común, tres vapores indefensos de nuestra Armada que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores.
Venezolanos:
El duelo es desigual porque el atentado ha sido consumado por las dos naciones más poderosas de Europa contra este nuestro país que apenas convalece de largos y dolorosos quebrantos y porque ha sido realizado de aleve manera, pues Venezuela no podía esperar tan insólita agresión, desde luego que no habían precedido las fórmulas de estilo en semejantes casos. Pero la Justicia está de nuestra parte, y el Dios de las Naciones que inspiró a Bolívar y a la pléyade de héroes que le acompañaron en la magna obra de legarnos, a costa de grandes sacrificios, Patria, Libertad e Independencia, será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad, nos inspire en la lucha, nos aliente en el sacrificio y nos asista en la obra también magna de consolidar la Independencia Nacional. Por mi parte, estoy dispuesto a sacrificarlo todo en el altar augusto de la Patria; todo, hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinas.
No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado. Borrados quedan de mi pensamiento de político y de guerrero todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo.
Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa sino en el ambiente de la confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos éstos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas; abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran en el extranjero y restituyo al goce de las garantías constitucionales, las propiedades de todos los revolucionarios que estaban embargadas por razones de orden público.
Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuere preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me han honrado los pueblos y con el cual voy a la lucha, estoy listo a mi separación a la vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República, y podéis estar seguros de que me retiraré satisfecho sin sentir las nostalgias del Poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi Patria grande, próspera y feliz.
Venezolanos:
El sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la Patria y de sus resplandores surgirán temeridades como las de las Queseras del Medio, sacrificios como el de Ricaurte, asombros como el del Pantano de Vargas, heroísmos como el de Ribas y héroes como los que forman la constelación de nuestra grande Epopeya.
Y hoy, que por una feliz coincidencia conmemoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de la Libertad Sudamericana, la batalla de Ayacucho, hagamos votos porque nuevos Sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria.

Caracas, 9 de diciembre de 1902

Cipriano Castro


Publicado en:
http://www.analitica.com/bitblioteca/ccastro/planta_insolente.asp#.UwJI8k7mDDs.twitter



TEMAS RELACIONADOS:

Juan Vicente Gómez asume el poder
Otros documentos de Cipriano Castro

Otros textos de historia de Venezuela

jueves, 9 de enero de 2014

¿MISERICORDIA PARA QUIÉN?, por Eduardo Rothe (para "Aporrea" del 22-12-13)


En la edad media la “misericordia” era un puñal corto, triangular, de doble filo, utilizado para rematar a los caballeros derribados quienes, heridos o no, quedaban inmovilizados por el peso de su armadura. Ya no vivimos en aquellos tiempos crueles y sangrientos, de reyes y cardenales, horca para campesinos y hoguera para mujeres. Es más, en Venezuela tenemos una Constitución que es ejemplar en derechos humanos, la misma contra la cual conspiraron y se alzaron quienes debían defenderla, la misma que fue derogada en la práctica después de la matanza del 11 de abril 2002, matanza planificada por el grupo de Carmona Estanga y ejecutada por funcionarios malévolos entre los cuales el de mayor jerarquía era Iván Simonovis, policía de alma y carrera, formado en EEUU, Francia e Inglaterra, especialista en antiterrorismo, para entonces “director de seguridad” de la alcaldía metropolitana de Caracas, y famoso por su frase “preso es preso y su apellido es candado”
Derrotado el golpe de Estado por el pueblo y militares bolivarianos, el juicio de los culpables duró 5 años tuvo 230 audiencias, en la cuales se recibieron 265 experticias, 5700 fotos y 20 videos, y donde además declararon 198 testigos y 48 expertos. Entre muchos otros, el grupo formado por Simonovis, dos comisarios y otros cuatro funcionarios fueron hallados culpables y condenados a la pena máxima de 30 años. De hecho son los “paga peo” porque, aun siendo importantes en la conspiración y culpables en la matanza, eran menos que los ricos y famosos que se libraron a bajo costo, gozando de precauciones de estilo jurídicas y, finalmente, de una amnistía presidencial.
Simonovis perdió su libertad el 22 de Noviembre de 2004, dos años y medio después de los hechos, tuvo derecho al juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana, y no le faltaron defensores. Encontrado culpable por sus jueces naturales, no puede legalmente ser objeto de indulto o de amnistía porque la sentencia porta la mención expresa de “violaciones graves de los derechos humanos”.
Para la derecha Simonovis es un “preso político” del chavismo, encerrado con poco espacio y luz solar (más que sus víctimas en los ataúdes) y está “muy enfermo” (aunque se niega a someterse a exámenes médicos). La campaña mediática que pide su libertad por razones humanitarias alcanzó su punto máximo con el artículo “Misericordia para Simonovis” de Douglas Zabala (*).
“QUE SE PUDRAN EN LA CÁRCEL”
Era el slogan de campaña de Alfredo Peña, Alcalde Metropolitano de Caracas, conspirador en el golpe y la matanza del 11 de abril 2002 y a cuyo despacho estaba adscrito Iván Simonovis. Además de Peña (hoy protegido en los EEUU) quienes más perjudican a Simonovis son, curiosamente, otros “presos políticos” liberados por razones humanitarias.  El primero es el esbirro José Sánchez alias “Mazuco”, secretario de seguridad de la gobernación entonces opositora del Zulia, y jefe de la policía de ese estado, cuyos funcionarios detuvieron y torturaron hasta matar, el 7 de agosto 2007, (por órdenes suyas según la Fiscalía)  a un agente de inteligencia militar debidamente identificado. Para protegerlo y protegerse de sus posibles revelaciones, la derecha lo postuló y eligió como diputado a la Asamblea Nacional, donde goza de inmunidad parlamentaria, y logró su liberación por razones humanitarias que luego resultaron falsas,. Luego vino la jueza prevaricadora María Lourdes Afiuni, liberada tras una campaña nacional e internacional de la Comisión Interamericana de DDHH, la Conferencia Episcopal de Venezuela, Human Rights Watch, el Departamento de Estado, el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, y el mismísimo Noam Chomsky, quien publicó una carta abierta pidiendo al gobierno de Venezuela por "un acto humanitario que ponga fin a la detención del jueza". Las razones humanitarias se evidenciaron falsas cuando la jueza, supuestamente al borde de la muerte, apareció sonreída, robusta y rozagante en una marcha de la oposición. Lo mismo que la colombiana Ingrid Betancourt, que en las fotos de su cautiverio en la selva parecía pre agónica, y a la semana de ser liberada apareció en un resort del Océano Índico, saliendo del mar, sexy y resplandeciente como Venus rediviva.
INDULGENCIAS INUTILES
Hay un límite en el que la indulgencia deja de ser virtud, y es cuando estimula la reincidencia, del indultado o de sus iguales. La campaña a favor del indulto de Simonovis adula al gobierno diciendo que está demasiado fuerte y seguro como para temer algo del comisario, y la campaña en contra insiste en los derechos de las víctimas y familiares. Yo opino que la cuestión es si la reducción del tiempo de cárcel influye o influirá en futuros conspiradores a la hora de sopesar lo que arriesgan al actuar contra el pueblo y la República. Indulgencia bien de “indulto” y este de in (sin) y dultum (deuda), es decir: es una acción que quita la deuda. La deuda de Iván Simonovis y de quienes intentaron quitarnos por la fuerza nuestros derechos, no está y nunca estará saldada. “Errar es humano” y  no perdonar también.

(*) http://www.biendateao.com/douglas-zabala-misericordia-para-simonovis/

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domingo, 8 de diciembre de 2013

Observaciones preliminares de la visita de la CIDH a República Dominicana, por "Organización de los Estados Americanos" del 06-12-13.








6 de diciembre de 2013

Santo Domingo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in loco a República Dominicana del 2 al 5 de diciembre de 2013. El objetivo fue observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como otros derechos y problemáticas relacionadas. La Comisión llevó a cabo esta visita a fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos libremente por el Estado de República Dominicana en ejercicio de su soberanía.
La delegación estuvo integrada por el Presidente, José de Jesús Orozco Henríquez; la Primera Vicepresidenta, Tracy Robinson; la Segunda Vicepresidenta, Rosa María Ortiz, y los miembros Dinah Shelton, Felipe González y Rose Marie Antoine, así como el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza L., la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva. Durante la visita, diversas delegaciones de la CIDH visitaron las provincias de Bahoruco, Dajabón, Jimaní, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Valverde. La CIDH sostuvo reuniones con autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de agencias internacionales. Durante su visita, la CIDH recibió testimonios, peticiones y comunicaciones de 3.994 personas.
Durante su visita, la CIDH se reunió con el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez; el Ministro de la Presidencia, Gustavo Adolfo Montalvo Franco; el Ministro interino de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; el Viceministro de la Presidencia, Henry Molina Peña; el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; la Ministra del Trabajo, Rosa Maritza Hernández; el Ministro del Interior y Policía, José Ramón Fadul; el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en compañía de las Procuradurías Especializadas en Derechos Humanos, Niños y Niñas y Adolescentes y Violencia Intrafamiliar y Género; el Director General de Migración, José Ricardo Taveras Blanco; el Subdirector General de Migración, Santo Miguel Román; y el representante de República Dominicana ante la OEA, Embajador Pedro Vergés. Asimismo, se reunió con las Comisiones de Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados; con funcionarios de la Junta Central Electoral; con Cuerpos Especializados de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) en Jimaní y Dajabón y con personal del centro de detención migratoria de Haina.

La CIDH se reunió con la sociedad civil, contando con la presencia de las siguientes organizaciones: Dominicanos por Derecho, Participación Ciudadana, Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), Solidaridad Fronteriza, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Centro Bonó, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCHTA), Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA), Asociación Afrodominicana, Diversidad Dominicana, Fundación FUNCESI, Reconocido, Árbol Maravilloso, Grupo Saragua, GIZ (cooperación alemana), Centro Cultural Dominico Haitiano (CCDH), Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Afro Alianza Dominicana, Conamuca, Alas de Igualdad, Soy dominicano como tu, Articulación Campesina, Red Afro, la Coalición de ONGs por la Infancia y Open Society Justice Initiative. De igual manera, participaron organizaciones dedicadas exclusivamente a temas de género como El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA), Colectivo de Mujeres y Salud, Foro Feminista y Núcleo de apoyo a la mujer. Se sostuvieron también reuniones con organizaciones de la sociedad civil y con víctimas en Dajabón, en San Pedro de Macorís, la Romana y Jimaní.
De igual forma, se mantuvieron reuniones con organizaciones internacionales, dentro de las cuales se contó con la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ONU Mujeres, ONUSIDA, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Adicional a lo anterior, también se reunió con diversos periodistas, juristas, personal universitario y víctimas de violaciones de derechos humanos.

República Dominicana forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por decisiones soberanas adoptadas por el Estado desde 1948, cuando participó en la adopción de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. En 1959, República Dominicana participó de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 19 de abril de 1978. La Comisión Interamericana ha realizado siete visitas in loco a República Dominicana: en 1961, 1963, 1965, 1965 a 1966, 1991, 1997 y 2013. Asimismo, la CIDH ha procesado peticiones y solicitudes de medidas cautelares de República Dominicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencias en el caso Nadege Dorzema y otros (Masacre de Guayubín) y en Dilcia Yean y Violeta Bosico. La Comisión también ha enviado a la Corte el caso Benito Tide Méndez y otros, que se encuentra pendiente de sentencia.
La Comisión agradece la invitación que le formulara el Estado de República Dominicana para la conducción de la visita, la cual fue cursada después que la CIDH expresara interés en realizarla. Igualmente, la CIDH agradece al Presidente Danilo Medina y su Gobierno todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. Asimismo, la CIDH agradece al Gobierno y al pueblo dominicanos su hospitalidad con la delegación. En particular, la Comisión Interamericana valora y agradece el apoyo de las autoridades de Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, que prestaron su valiosa asistencia y colaboración en la coordinación y la implementación de la logística de esta visita. La Comisión agradece la colaboración eficiente y profesional del equipo de seguridad provisto por el Estado, que hizo posible el normal desarrollo de las actividades de recepción de información, testimonios y denuncias en diversos puntos del país, incluyendo el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, la Comisión agradece la colaboración esforzada y desinteresada de los voluntarios y las voluntarias que asistieron en la atención a las personas que se acercaron a las mesas de recepción de información y denuncias. La Comisión Interamericana agradece a las personas que presentaron sus testimonios y presentaron denuncias, muchos de quienes viajaron desde zonas lejanas y debieron esperar varias horas debido a la gran cantidad de personas que fue recibida.
La Comisión está consciente de que la visita in loco se desarrolla en el contexto de una problemática histórica que va más allá de la coyuntura actual. Se trata de un hecho con profundas raíces y de una gran complejidad.
La Comisión resalta el carácter solidario y generoso del pueblo de República Dominicana. Ante la devastación, desolación y muerte que generó el terremoto que sacudió a Haití en enero de 2010, el Gobierno y el pueblo dominicanos respondieron y continúan respondiendo hasta el día de hoy de manera solidaria y fraterna. Asimismo, haitianos y haitianas que han emigrado a República Dominicana han contribuido y contribuyen de manera extraordinaria al desarrollo económico de este país.
A través de la visita, la CIDH ha podido valorar diversos avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos. En especial, la Comisión valora y saluda como un avance muy positivo la incorporación directa al derecho interno, con rango constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los compromisos internacionales adoptados por el Estado en la materia, a través de la reforma de la Constitución del año 2010.
Por otra parte, la Comisión Interamericana recibió durante la visita información preocupante sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación. Las violaciones al derecho a la nacionalidad, que la Comisión había observado en su última visita in loco, realizada en 1997, continúan, y la situación se ha agravado debido a la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200.000 personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta Sentencia. En consecuencia, estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Derecho a la Nacionalidad

Durante la visita, la CIDH concentró su atención en el ejercicio y goce del derecho a la nacionalidad en República Dominicana. Funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil coinciden en reconocer que el goce de este derecho es un desafío que tiene que ser atendido bajo la óptica de los derechos humanos.
Este derecho está protegido de manera fundamental en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a fin de proteger a las personas frente a posibles arbitrariedades de los Estados. El artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra, y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
La determinación de quienes son nacionales sigue siendo, en general, competencia interna de los Estados; no obstante, esta facultad está limitada por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia.
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 168-13, mediante la cual dio una nueva interpretación para la adquisición de la nacionalidad de las personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito. Con esta interpretación, personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana, fueron desnacionalizadas.
Respecto a un caso particular, el Tribunal determinó que a pesar de que la persona recurrente había nacido en territorio dominicano y de que había sido registrada por las autoridades competentes como tal en un momento en que la Constitución reconocía el ius soli como forma para adquirir la nacionalidad, la nueva interpretación de “extranjeros en tránsito”, la cual equipara este concepto con el de extranjero en situación irregular, la privaba del derecho a la nacionalidad dominicana. A través de esta sentencia, el Tribunal modificó retroactivamente la interpretación dada a los “extranjeros en tránsito” en las constituciones vigentes entre 1929 a 2010, las cuales establecían dicha categoría como una limitación para la adquisición del derecho a la nacionalidad por ius soli. El Tribunal señaló que “extranjeros en tránsito” hace relación a aquellas personas que no tienen domicilio legal en la República Dominicana por carecer de permiso de residencia.
En virtud de lo anterior, el Tribunal ordenó a la Dirección General de Migración que otorgase un permiso migratorio temporal, hasta tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración de 2004, determinase las condiciones de regularización de este género de casos. Esta nueva interpretación del Tribunal Constitucional priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets electorales y pasaportes.
De esta manera, la sentencia del Tribunal Constitucional TC 0168/13 desnacionalizó a un amplio grupo de personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. Se ha estimado por diversas fuentes, incluyendo fuentes gubernamentales, que serían por lo menos 200.000 las personas afectadas por esta sentencia, aunque el número no está definido.
La reciente Encuesta Nacional de Inmigrantes, llevada a cabo por el Estado en 2012 con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), estimó en 209.912 el número total de individuos nacidos de inmigrantes haitianos. Toda esta población podría verse potencialmente afectada por la decisión del Tribunal. Esta cifra, sin embargo, no incluye otras generaciones de personas de origen haitiano nacidos en el territorio dominicano desde 1929, cuyos propios padres nacieron en la República Dominicana.
Por su parte, la Junta Central Electoral identificó 24.392 personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros cuyo nacimiento se inscribió en el registro civil dominicano utilizando documentos distintos de una tarjeta de identidad nacional dominicana (es decir, una "ficha", un pasaporte extranjero, o no hay ningún documento en absoluto). De los cuales, 13.672 de estas personas son de origen haitiano. Sin embargo, esta cifra no incluye a las personas cuyos nacimientos no fueron registrados. Este listado tampoco tiene en cuenta la segunda, tercera o posteriores generaciones de las personas de origen haitiano, cuyo nacimiento fue registrado utilizando un documento de identidad dominicano válido. Estas personas también se verán afectadas por la decisión del Tribunal, ya que la decisión tendrá un "efecto cascada" y el impacto de todas las generaciones que nacieron en el país.
“Yo en estos momentos ando viviendo una muerte civil; ando en la calle pero no existo”, expresó una de estas personas. En el Batey Libertad, en la provincia de Valverde, la CIDH recibió el testimonio de una mujer que presentó un acta de nacimiento que certifica que ella nació en 1981 en el Hospital de Mao, en República Dominicana. Según su testimonio, no le han permitido registrar a ninguno de sus seis hijos: “fui al hospital a registrar a los muchachos, pero me dijeron que si no tengo cédula, no puedo registrarlos. Y voy a buscar la cédula a la Junta y me dicen que no tengo derecho a cédula porque soy extranjera. Y yo les digo ‘cómo voy a ser extranjera, si yo nací aquí y viví siempre aquí’.” Otra mujer que presentó su testimonio en Santo Domingo indicó que su hija nacida en 2013 no está registrada: “a mi hija menor no la quieren registrar; le niegan el registro porque dicen que su abuela es haitiana. Es como si no existiera. Está apátrida. No es de aquí ni de allá”.
Esta situación afecta a personas de familias que llevan varias generaciones en República Dominicana. La CIDH recibió el testimonio de una mujer que llegó al país procedente de Haití hace 47 años: “El Gobierno de República Dominicana me fue a buscar para cortar caña, porque la zafra había abierto y necesitaban gente. Y ahí empecé a trabajar y tuve mi primer hijo que es un varón. Cuando nació Johnny, el Gobierno de República Dominicana me dio 20 pesos, porque nació un varón que podía picar caña”. Según relató, ella registró a sus seis hijos, todos nacidos en República Dominicana, utilizando como documento la “ficha” que las autoridades dominicanas le expidieron como extranjera con permiso de trabajo. Sin embargo, la Junta Central Electoral les ha negado la expedición o renovación de la cédula en los últimos años, con el argumento de que esa “ficha” ya no es válida para este trámite, y también les ha negado la cédula o el registro de nacimiento a sus nietos.

Privación arbitraria de la nacionalidad 

La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.
La Comisión estima relevante reiterar que la nacionalidad constituye la vinculación jurídica que existe entre una persona y un Estado determinado, la cual le asegura al individuo un mínimo de protección en el conjunto de sus relaciones y del cual dependen el ejercicio de otros derechos políticos y civiles, así como económicos, sociales y culturales. Adicionalmente, el reconocimiento internacional del derecho a la nacionalidad de todas las personas impone a los Estados la obligación de prevenir y erradicar la apatridia. En este orden de ideas, las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos obligan a los Estados a abstenerse de aplicar políticas, leyes, sentencias o prácticas que tengan como consecuencia que las personas no puedan acceder a ninguna nacionalidad, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de las Niñas Yean y Bosico, en la sentencia del 8 de septiembre de 2005. Dicha sentencia también establece que ante el riesgo de apatridia, la persona que se pueda ver afectada sólo debe probar la condición de nacimiento en el territorio de determinado Estado para obtener la respectiva nacionalidad.
Muchas de las personas afectadas por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional son personas que nacieron en República Dominicana y que anteriormente han sido reconocidas por el Estado como dominicanas, a través de la expedición de un documento por parte de las instituciones estatales certificándolos como tal. Estas personas tienen estrechos lazos en República Dominicana: han pagado impuestos y generado riqueza, han contribuido a la seguridad social, se criaron y educaron en el país, y tienen establecido allí su núcleo familiar. En sus testimonios ante la CIDH, expresaron tener un profundo sentimiento de identidad dominicana. Como lo expresó un joven en Santo Domingo: “yo nací bajo la bandera dominicana y no conozco ninguna otra bandera”.
Estas personas están afectadas por decisiones arbitrarias adoptadas por la Junta Central Electoral a lo largo de los últimos años. La Comisión recibió información de que numerosos funcionarios de esta dependencia niegan la documentación a las personas nacidas en República Dominicana. Inclusive, en algunos casos, después que tribunales ordenaran que dichos documentos fueran expedidos, la Junta Central Electoral desacató la orden judicial. Algunos servidores de esta dependencia privan a las personas de su nacionalidad, en forma arbitraria y discrecional.
La falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas como resultado de que no están registrados o de las dificultades en el acceso a la cédula genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros derechos humanos, en un círculo vicioso que sólo se puede romper a través del reconocimiento de su nacionalidad.
La negación de los documentos por parte de la Junta Central Electoral crea obstáculos a las personas en el ejercicio de su derecho a la libre circulación en el país, ya que se quedan sin prueba de su nacionalidad dominicana. Según un testimonio recibido por la CIDH, a una mujer de ascendencia haitiana le fueron requeridos documentos que probaran su nacionalidad dominicana por parte del conductor de un autobús de transporte público. Otra mujer dijo que por miedo a ser deportada a Haití, “donde yo no tengo a nadie”, ella no viaja a ver a sus nietos, que viven en una ciudad ubicada a menos de una hora de donde ella vive.
La denegación de documentos a un gran número de personas nacidas en República Dominicana fue una práctica extendida a lo largo de los últimos años, cuando también se estaban registrando deportaciones y expulsiones arbitrarias. En esas deportaciones estuvieron incluidas personas nacidas en República Dominicana, a quienes el Estado dominicano les había reconocido su nacionalidad dominicana a través de la expedición de actas de nacimiento y cédulas de identidad. La Comisión Interamericana valora como positiva la orden del Presidente de la República de suspender las deportaciones. No obstante, la Comisión recibió información en terreno de que las deportaciones continúan, aunque a un ritmo menor que el de años anteriores.
La Comisión Interamericana observó asimismo que la desnacionalización afecta principalmente a personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana. La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional tiene un efecto desproporcionado sobre estas personas, en virtud de que constituyen la mayor parte de la población migrante del país. La Corte Interamericana ha establecido que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y que éste debe impregnar toda la actuación del Estado. En ese sentido, el Estado no puede actuar contra un determinado grupo de personas, por motivos como raza, etnicidad, u origen nacional, entre otros.

Múltiples niveles de discriminación 

Además de afectar a personas nacidas en la República Dominicana en términos numéricos, la Comisión observa que la sentencia 168-13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza. Respecto a este punto, en su análisis de la situación en la República Dominicana de abril del presente año el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se refirió a tres aspectos particularmente relevantes: la persistencia de racismo estructural y discriminación basada en el color y origen nacional; el vínculo entre pobreza y racismo en general; y la ¨firme negación¨ del Estado de la existencia de discriminación racial, que constituye un obstáculo importante en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La CIDH visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven sus habitantes. La pobreza afecta desproporcionadamente a los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad.
La Comisión escuchó un gran número de testimonios sobre la imposibilidad de conseguir un empleo sin contar con una cédula de identidad y las dificultades y obstáculos, muchas veces insuperables, para acceder a servicios básicos.
La CIDH recibió múltiples testimonios de personas que estudiaron hasta el 8º grado pero que no pudieron continuar con los estudios de Bachillerato por no tener cédula. Una madre que tiene a tres de sus cuatro hijos en la escuela declaró a la CIDH que le han solicitado que presente las cédulas de sus hijos: “la profesora me dijo ‘yo voy a tener que botar a los muchachos hasta que aparezcan los documentos’ y yo le dije ‘ay, Dios, profesora, me los aguanta un chin, porque los documentos están en proceso y un día van a llegar’. Pero no es cierto, yo no tengo nada en proceso, porque no me los van a aceptar, yo he visto a gente de mi comunidad que va a declarar y no la aceptan, entonces dime tú”.
La Comisión también recibió testimonios de personas que, sin contar con cédula, pudieron cursar Bachillerato, aunque luego no habrían podido acceder a la Universidad. Una mujer nacida en agosto de 1994 en La Romana, República Dominicana, relató que solicitó su cédula hace dos años, y desde entonces le responden que está en proceso: “Yo ya terminé la secundaria y no he podido ingresarme a la universidad por ese problema. Me gustaría estudiar doctora en pediatría, o magisterio; me gustan los niños mucho. De hecho estoy trabajando con unos niños voluntariamente en una institución. Yo quisiera ser el ejemplo de mis hermanos, pero me están negando la cedula y no puedo seguir. Algunas veces yo me pregunto será por mi color de piel? Porque si es por nacionalidad, mis padres vinieron desde chiquiticos, y yo nací acá. Yo siempre quise estudiar, esa es mi pasión. Cuando me dijeron que pasé con buenas notas, yo lloré, pero no de felicidad, sino de tristeza, porque no puedo ir a la universidad. Alguna vez yo me despierto en la mañana a las 4 y no puedo dormir. Me quedo ahí pensando, en lo mucho que me afecta, y se me salen las lágrimas y me revienta de solo pensar que si yo tengo hijos, ellos van a pasar lo mismo que yo pasé, y me revienta por dentro eso. He querido ser el ejemplo de mi familia y no encuentro la salida”.
La Comisión recibió muchos testimonios que evidenciaron la persistencia de discriminación racial no solamente en la sociedad en general, pero también en el acceso a servicios públicos específicamente. Dada la importancia central del principio de igualdad y no discriminación, la Comisión destaca la necesidad de que el Gobierno adopte las medidas que sean necesarias para garantizar su goce efectivo, en particular para asegurar la rendición de cuentas de sus propios agentes.

Acceso a la justicia

Una de las salvaguardas para cualquier derecho humano es la protección judicial, aplicada en forma accesible y eficaz. Durante la visita la Comisión identificó varias preocupaciones respecto al acceso a la justicia en materia de los derechos a nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, en particular para las personas afectadas por la sentencia 168-13.
La Comisión habló con múltiples personas que afirmaron que sin contar con la cédula, no tenían la posibilidad de interponer o dar seguimiento a un proceso judicial. Una madre informó a la delegación que, debido a que ni ella ni su hijo contaron con documentación que acredite que nacieron en el país, ella no pudo interponer una demanda de manutención contra el padre del hijo. En los bateyes, miembros de las comunidades hicieron referencia no solamente a la problemática de la documentación, sino también a cuestiones de accesibilidad geográfica así como los costos asociados con la búsqueda de justicia. La Comisión recibió información consistente respecto a la práctica de la Junta Central Electoral de retener o suspender indefinidamente la entrega de documentos a dominicanos de ascendencia haitiana o percibidos como tales. Por otra parte, la Comisión recibió información sobre varios recursos de amparo resueltos a favor de los reclamantes, por ejemplo con orden de entregar sus documentos, pero no cumplida por la Junta Central Electoral.

Intolerancia e incitación a la violencia

La publicación de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de 23 de septiembre de 2013 generó en el país reacciones de apoyo y de rechazo. En particular, se creó un ambiente de hostilidad contra quienes han criticado la sentencia y han defendido el derecho a la nacionalidad dominicana de las personas que resultarían afectadas por ésta. Según información recibida por la Comisión Interamericana, las expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, defensores de derechos humanos y figuras públicas que han criticado dicha decisión han adquirido niveles alarmantes de agresividad. Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria” y han recibido graves amenazas a través de redes sociales, comentarios en diarios electrónicos y consignas dentro de protestas y manifestaciones en las que se reclama dar “muerte a los traidores”. La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación por las amenazas y descalificaciones que han recibido las personas que se han pronunciado de forma crítica sobre la sentencia.
Por ejemplo, el 4 de noviembre, en el marco de una manifestación convocada por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía en apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, a la cual habrían asistido algunos funcionarios públicos, se habría acusado a organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas de ser “traidores de la patria” por criticar la decisión. En la manifestación se proclamó la consigna “muerte a los traidores”, y se circuló un panfleto titulado “El Álbum de la Traición”, en el que aparecen nombres y fotografías de periodistas, defensores y políticos que han criticado la sentencia. Asimismo, las magistradas del Tribunal Constitucional Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, que votaron en disidencia, fueron acusadas de “traidoras de la obra de Duarte”. En otra manifestación que tuvo lugar el 13 de noviembre, un grupo de organizaciones comunitarias de la zona de Santiago habría realizado un acto simbólico en el que habrían quemado el libro de Mario Vargas Llosa “La Fiesta del Chivo”, y habrían declarado como “persona non grata” a su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo, así como al excónsul haitiano Edwin Paraison y a la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS).
La diputada Guadalupe Valdez, que habría criticado la sentencia del Tribunal, habría sido acusada de “traidora” y habría sido citada al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados por supuestamente haber participado en una manifestación en contra de la sentencia, en el marco de un acto donde participaba el presidente.
Los periodistas Luis Eduardo (Huchi) Lora y Juan Bolívar Díaz interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en la que solicitaron iniciar una investigación contra los responsables de las amenazas de las que han sido víctimas a raíz de sus expresiones críticas sobre la decisión del Tribunal. En la denuncia informaron de la existencia de un nuevo panfleto, donde aparecen caricaturizados de forma diabólica e identificados como traidores. “La combinación de las consignas en la manifestación pública, junto al contenido del “Álbum de la Traición”, así como el panfleto (…), contienen suficientes elementos que permiten inferir que el objeto del panfleto es relacionarlo con las señaladas consignas al identificar con nombre, apellido e imagen a los supuestos “traidores” a quienes habría que dar muerte”, indican.
En este contexto se han reportado otros casos de defensores y comunicadores que han sido estigmatizados y han recibido amenazas. Entre ellos se encuentran los periodistas Marino Zapete, Fausto Rosario Adames, Ramón Emilio Colombo, y Javier Cabreja.
El 4 de noviembre Ana María Belique, líder y activista del Movimiento Reconocido, habría recibido mediante la red social Twitter amenazas por parte de particulares: “Vamos a tener que mudar a la Belique al mismo barrio donde vive Sonia Pierre” (activista y defensora de derechos humanos que falleció en 2011) y “estamos dispuestos a todo si quieren sangre, sangre tendrán”.
Asimismo, la CIDH recibió información según la cual algunos defensores habrían sido estigmatizados por el ejercicio de su labor. Así por ejemplo, un defensor indicó a la Comisión: “A los defensores nos acusan de que somos traidores, antipatriotas, que lucramos con los haitianos […] es un acoso continuo”. Otra de las defensoras indicó a la CIDH que quienes habrían acudido a la Corte Interamericana en el caso Benito Tide y otros contra República Dominicana, habrían sido tildados de traidores a la patria.
El abogado de Juliana Deguis Pierre, la persona sobre quien decide la sentencia del Tribunal, habría recibido insultos y amenazas que podrían estar vinculadas con su actividad como defensor de Deguis. Según la información recibida, el abogado habría sido víctima de insultos como “maldito negro, vete para Haití”. Los agresores lo habrían amenazado con “partirle la cabeza” por ser “defensor de haitianos”. El abogado también ha constatado que su oficina de trabajo es objeto de vigilancia, por lo cual la mantiene cerrada, y ha debido tomar precauciones de seguridad.
Asimismo, se habría producido una campaña de rechazo contra países y organizaciones regionales e internacionales que habrían expresado su desacuerdo con la sentencia constitucional. Al respecto, altos funcionarios gubernamentales habrían emitido declaraciones cuestionando el papel de entidades como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En relación con estos episodios, la Comisión Interamericana observa que en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Sin perjuicio de ello, existen ciertos tipos de discurso que, por virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos, se encuentran excluidos del ámbito de protección de esta libertad, como las expresiones que hacen una “apología del odio nacional, racial o religioso” y que constituyan “incitación a la violencia”, entendida como la clara incitación a la comisión de crímenes, en los términos del derecho internacional de derechos humanos.
A la luz de lo anterior, la Comisión Interamericana observa que en un contexto de alta polarización social, el álbum y la consigna de “muerte a los traidores” llamarían, sin eufemismos y de manera colectiva, directamente al asesinato de personas claramente identificables e identificadas. En este sentido, la Comisión Interamericana pone de presente que este tipo de expresiones podrían constituir incitación a la violencia, dado el contexto en el cual fueron difundidas.
La Comisión Interamericana recuerda que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, en caso de que existiera un riesgo especial las autoridades tienen el deber de proteger a las personas que están expuestas a dicho riesgo y tomar medidas para asegurar, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. Asimismo, los funcionarios públicos deben abstenerse de patrocinar de cualquier manera los discursos que generan discriminación cultural, intolerancia, o incitación a la violencia. Es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones y amenazas contra personas que contribuyen al discurso público a través de la expresión y la diseminación de sus pensamientos y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.

Conclusiones y Recomendaciones

La Comisión Interamericana realizó la visita que concluye hoy con el fin de analizar de primera mano la situación de las personas afectadas por la Sentencia 168-13 a la luz de los estándares del sistema interamericano de los derechos humanos. Las entrevistas con representantes de las diferentes ramas del Estado, miembros de la sociedad civil, y con muchas personas afectadas por la Sentencia, así como las visitas a diferentes zonas para entender las múltiples dimensiones de la afectación a los derechos de estas personas, han proporcionado información importante. La Comisión analizará dicha información en detalle en los próximos meses a los efectos de preparar un informe con sus conclusiones y recomendaciones.
La Comisión comparte hoy sus observaciones preliminares sobre la situación en base a la visita realizada, y expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo expresaron a la Comisión Interamericana que reconocen la existencia de un problema respecto del ejercicio del derecho a la nacionalidad por parte de personas de ascendencia haitiana, y conscientes de la necesidad de encontrar una solución. En este sentido, y con el espíritu de colaborar en la búsqueda de una solución respetuosa de los derechos humanos, la Comisión destaca que las medidas que se adopten para responder a los desafíos identificados en cuanto al derecho a la nacionalidad, en particular los evidenciados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, deberían tener las siguientes características:
1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.
2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.
4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.
Finalmente, a los efectos de lograr un resultado eficaz, sería importante crear un espacio de consulta y participación de la sociedad civil y representantes de las poblaciones afectadas por la sentencia.
Debido a la gravedad de las vulneraciones de derechos que se producen como consecuencia de la falta de documentos de identidad, la Comisión destaca que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de la nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones. Estas medidas urgentes deben garantizar el acceso de todas las personas a servicios básicos, como salud y educación, y deben evitar de manera efectiva cualquier expulsión o deportación.
Finalmente, la Comisión destaca que toda persona tiene el derecho de contar con la protección y las garantías judiciales, en forma accesible y eficaz, para salvaguardar los derechos a la nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, que forman el enfoque principal de la presente visita.
 No. 97A/13

Datos de contacto

María Isabel Rivero
Directora de Prensa de la CIDH
Tel. (1) 202 370 9001

Número de celular en República Dominicana: 829 461 1386

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Honduras: Fue acribillado por sicarios periodista de Radio y TV-Globo, por DICK EMANUELSSON (para "Contrainjerencia" del 12-08-13)



DICK EMANUELSSON  – Juan Carlos Argeñal, reportero de Radio y TV-Globo en la ciudad de Danli, departamento de Paraíso, Honduras, fue acribillado por sicarios en su propia casa en la colonia “Los Maestros”,a las 6 p.m. éste sábado. Argeñal era afin del Partido Libertad y Refundación y hermano al coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular en Danlí.
Marco Antonio Moncada, amigo y habitante de Danlí llamó al programa “El Noticiero Mi Nación” en Globo y reportó el lamentable y repudiable hecho.
El 24 de noviembre fueron militarizadas las instalaciones de las antenas y transmisores de Radio y TV Globo por parte de un Comando especial de la Fuerzas Militares de Honduras. Era el mismo día de las elecciones. El medio de comunicación había sido objeto por sabotaje durante la campaña electoral que culminó con la toma militar de los transmisores que se encuentran en el cerro Cantagallo en la capital hondureña.
Radio y TV-Globo y el Canal 36 Cholusat Sur, han sido dos medios de comunicación que hicieron una intensa resistencia contra el golpe de estado militar el 28 de junio de 2009. Ambos medios fueron militarizados y robados por sus equipos en septiembre de 2009 cuando la dictadura cívica-militar impuso un estado de sitio durante meses con toque de queda entre 5 p.m.-05.00.

Radio Globo fue hostigada y prácticamente cerrada en septiembre
de 2009, pero no lograron silenciarla por que pasó a la clandestinidad,
transmitiendo por internet


Uriel Rodríguez, camarógrafo de TV-Globo, fue brutalmente golpeado por un comando de los Cobras en la ciudad de San Pedro Sula durante el Foro Business for Honduras y posteriormente amenazado a muerte por su denuncia judicial. Rodríguez esta actualmente asilado en el exterior.
Manuel Murillo, de 32 años, también fue camarógrafo de Globo, fue asesinado con tres impactos de balas en su rostro el 24 de octubre pasado (2013). Murillo hizo la legendaria toma en la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando un comando de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, disparó 100 tiros contra la casa del presidente Manuel Zelaya y lo secuestró para posteriormente enviarlo en un avión militar a Costa Rica. Antes que llegó a San José de Costa Rica, el avión de las Fuerzas Armadas de Honduras hizo escala en la base militar estadounidense, Soto Cano (Palmerola), dizque para echar gasolina. Estuvo ahí 15 minutos en la pista de aterrizaje más larga de Centroamérica y la base militar más vigilada por parte del Comando Sur de EE.UU.
 Listado de personas para asesinar
El 25 de noviembre, al día siguiente de las elecciones en Honduras, una delegación de FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos, encabezada por el juez español Baltazar Garzón y Luis Guillermo Pérez, secretario general de FIDH con sede en París, hizo público en Tegucigalpa, un listado de unos 20 hondureños que se encuentran en una lista de personas para ser asesinadas. Entre ellos cuatro periodistas:
  • David Romero Ellner, director de Radio Globo y un incansable enemigo a la corrupción que reina en la nación centroamericana.
  • Lidieth Díaz, periodista en el Canal 36 Cholusat Sur.
  • Félix Antonio Molina, director del programa “Resistencia”.
  • Héctor Longino Becerra, Director Ejecutivo de C-Libre, un organismo de vigilancia y protección de los derechos humanos de los periodistas de Honduras.

La lista presentada por el juez español Baltazar Garzón
 37 periodistas asesinados
Honduras lidera la triste lista de periodistas asesinados, 36 colegas enterrados durante el gobierno nacionalista (2010-…). Muchos son amenazados a muerte y otros más han sido obligados de asilarse en otro país.
Con la muerte del compañero y colega Juan Carlos Argeñal se registra otro caso más de periodistas asesinados y donde la impunidad es casi total.

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