Las nuevas realidades económicas, políticas y
sociales que atraviesan Latinoamérica se expresan también en las
configuraciones del ordenamiento jurídico-político que –a favor del auge
de los movimientos y gobiernos de raigambre popular– apuntan a cambiar
sistemas anclados en estructuras basadas en el privilegio y la opresión.
Hoy se habla de seguridad jurídica, pero hacerlo sólo en referencia a
los derechos empresariales resulta una muy burda simplificación, ya que
esa seguridad es un atributo que les corresponde a todos los ciudadanos
de un país. La existencia del movimiento no garantiza el cambio, ya que
las estructuras poseen una entropía propia que les garantiza su
reproducción al infinito, pero siempre en el movimiento es posible
avizorar elementos de ruptura que podrían prefigurar un nuevo
ordenamiento. De eso se trata en un proceso de transformaciones
sociales, políticas, económicas y culturales, de encontrar esos puntos
de fuga, para diseñar no solamente una nueva forma, sino encontrar una
que se adapte a los nuevos contenidos que surgen de la cambiante
realidad, y a su vez les den perspectiva en el tiempo. Lo nuevo siempre
se abre paso contra la resistencia de los viejos moldes, que aunque
estén atrasados temporalmente en cuanto a su validez, se amparan en la
Letra.
Una Constitución o Carta Magna es la principal Ley de Estado, es la
que determina la organización del mismo, de sus atribuciones, de sus
límites, y a su vez la que establece tanto los derechos como las
obligaciones de los sujetos en la sociedad. Una Constitución en las
actuales sociedades dictamina la distribución de poderes, y si bien
muchos afirman que son pocos los que de hecho conocen a esa Letra, todo
el andamiaje de la sociedad política está determinado por ella y por la
sobredeterminación ideológica que la fundamenta.
La Letra Constitucional contiene la totalidad o casi la totalidad de
las normas básicas del aspecto relacional de todo el cuerpo social.
Siempre habrá elementos que permanecerán por fuera de lo escrito, pero
forman parte de lo consuetudinario, es decir que se asientan
principalmente en el sentido común imperante. Lo deseable sería que
dichos elementos no escritos encuentren los significantes que los
representen ante el Otro social. El modelo de constituciones
plurinacionales (Bolivia y Ecuador) resulta un ejemplo válido al
respecto, donde las mayorías y minorías siempre postergadas, alcanzaron a
ser incorporadas como sujetos de pleno derecho. Según el jurista
francés Adhémar Esmein, la Letra garantiza la certidumbre jurídica.
"La Ley es producto de relaciones de fuerza”, le escuchó decir quien
escribe al ya desaparecido abogado León Toto Zimerman. Esta definición
del fundador de la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi) si se quiere, resulta compatible con aquel
postulado foucaultiano de que el poder produce efectos de verdad, y que
ambos están imbricados dialécticamente. De tal forma, no es una Ley la
que podría cambiar las relaciones de fuerza, ya que si no existen
condiciones favorables para ello, las leyes aparecerán siempre como un
dato inobjetable, comparables a una ley divina o natural. Las leyes que
favorecen a los pueblos son conquistadas con sus luchas. En algunos
casos, por aspectos temporales que obedecen a la inercia, lo legal no
resulta acorde a lo que sucede en una sociedad. Se encuentra
desactualizado. Poder percibir esa diferencia para transformar al
aparato jurídico político es una tarea que, en algunos países de la
región, resultó de suma importancia para que los cambios quedasen
institucionalizados. Si en algún momento fuera factible un retroceso,
eso tendría que conllevar también una ruptura del orden constitucional.
Hoy, a partir de una nueva realidad política y social que atraviesa
la región latinoamericana, sin la existencia de una nueva
institucionalidad que le dé un marco jurídico- político a las nuevas
experiencias, tanto gubernamentales como las que conciernen a los
movimientos sociales –configurando un nuevo Estado–, sería improbable
alcanzar un punto de no retroceso a estadios anteriores. Al asumir Hugo
Chávez la presidencia de Venezuela en 1999, una de las primeras medidas
que impulsó fue la reforma de la Carta Magna de su país, y
posteriormente sucesivas enmiendas. Tanto en Bolivia como Ecuador, los
gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, también
impulsaron asambleas constituyentes para constituir sendas
constituciones políticas de Estado. Lo hicieron a poco de asumir en sus
gobiernos, principalmente para darles un marco institucional a los
procesos de cambio que en ambos países fueron previos a la llegada al
gobierno. Habiendo asumido en enero de 2006, Evo Morales dio pie ese
mismo año a la conformación de la Asamblea Constituyente, mientras que
Rafael Correa lo hizo también el mismo año de asunción, en 2007.
Ambos países venían desde inicios del nuevo siglo en procesos de gran
inestabilidad política, con recambios obligados en las gestiones
presidenciales, donde además se producía un acelerado proceso de luchas
sociales y demandas populares que debían encontrar forma en nuevas
constituciones políticas de Estado, en las cuales debían quedar
expresadas esas demandas de manera positiva. Este hecho no fue fortuito
ya que tras el derrumbe del neoliberalismo en la región, se debía
avanzar en un nuevo proceso constituyente, ya que desde 1989 se había
producido en el mundo, toda una arremetida de los Estados Unidos en
propiciar no solamente nuevas constituciones acordes a la existencia de
un mundo unipolar en el cual se desarrollara libremente el paradigma del
libre cambio y la libre empresa, sino también reformas constitucionales
acordes al consenso de Washington. En la Argentina, la reforma del ’94
fue una muestra sumaria de ello.
Las cartas otorgadas. Por definición, una
Constitución Política de Estado es la norma jurídica suprema positiva
que rige la organización de un Estado, estableciendo: la autoridad, la
forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos
públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los
ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo.
También rige la relación del Estado y el conjunto de los ciudadanos, con
las empresas privadas. Es importante señalar esto último ya que a
partir de la desregulación del Estado propiciada por el neoliberalismo,
las enmiendas constitucionales debían permitir el “vale todo”
empresarial, aunque de esa forma perdieran derechos tanto los
trabajadores como los consumidores.
Según desarrollara Tiberio Graziani, director de la revista Eurasia
de estudios geopolíticos, tras el desmoronamiento del mundo bipolar,
Estados Unidos reforzó su rol de “constructor de naciones libres”.
Proclamándose Nation and State Builders, los Estados Unidos
interfirieron en la elaboración de las actas fundamentales de los nuevos
Estados nacionales, que surgieron gracias a la deflagración del ex
bloque soviético. Este tipo de intromisión no se presentó como si fuera
una novedad en la historia de la política exterior norteamericana, sino
que fue una constante suya a lo largo de todo el Siglo XX. En el mismo
marco, Estados Unidos reforzó su tutelaje en diferentes puntos del
planeta y promocionó reformas constitucionales. En Latinoamérica esto
fue bien patente. Según Graziani, estas modificaciones son comparables a
las “cartas otorgadas”. Las mismas –propias del tiempo medieval– son
aquellas constituciones en cuya conformación y redacción no participa el
pueblo por medio de los ciudadanos ni por medio de sus representantes,
sino que es el rey o el órgano gobernante, generalmente ejecutivo, quien
tiene el derecho de “acordar” al Estado las formas de organización y
conformación que considere necesarias y convenientes, concediendo al
pueblo y a los ciudadanos los derechos y garantías que estime apropiados
para ellos y su misma autoridad.
Graziani, quien es un acérrimo promotor de la multipolaridad, y que
considera como muy importante en el tablero geopolítico mundial el
desarrollo de la integración latinoamericana –como uno de los elementos
clave para el avance de la desarticulación efectiva de la unipolaridad–,
afirma que “en el proceso de transición desde la fase unipolar hacia la
fase multipolar se hace necesaria la formulación de nuevos paradigmas
constitucionales articulados continentalmente”, debido a que en el marco
de las relaciones geopolíticas mundiales, “las constituciones
nacionales de los Estados no hegemónicos de hecho son ordenanzas
jurídicas parecidas a las cartas otorgadas del Ochocientos, es decir,
simples concesiones”, asegurando luego que “todo ello pone en evidencia,
una vez más, que la dimensión del Estado nacional es insuficiente para
asegurar la independencia y aun la identidad cultural de la población de
la que es expresión política. Puesto que en la actualidad la dimensión
geopolítica posee la capacidad suficiente de satisfacer las exigencias
de los pueblos, desde una perspectiva continental (o gran regional),
resulta importante proponer modelos constitucionales que tengan en
consideración este hecho extraordinario. Y no sólo por razones
heurísticas. De hecho, estos nuevos paradigmas –basados en la dimensión
continental del Estado–, constituirían las guías para hacer más
incisivas y coherentes las alianzas (geoestratégicas y geoeconómicas)
hasta ahora impulsadas por los mayores países de Eurasia y de América
Indiolatina, con el objetivo de la integración de los respectivos
espacios continentales”.
Estas apreciaciones del sociólogo italiano no son ajenas al
desarrollo de las diferentes herramientas de integración que hoy se
hacen presentes en la región. Por lo contrario, Graziani nunca deja de
señalar el rol capital que cumple un organismo como es la Unasur.
Una nueva institucionalidad. En los diferentes
procesos constituyentes de Suramérica, además de debatir los derechos de
todos los ciudadanos y la autonomía nacional, hay un aspecto esencial
que es el referido al cuidado del medio ambiente y sobre todo a la
protección de los principales recursos naturales. Las grandes
corporaciones internacionales, a través de sus medios afines de
comunicación, siempre silenciaron lo más importante de las nuevas Cartas
Magnas para realizar una feroz crítica a lo que llaman
“hiperpresidencialismo”. Como si las respectivas reformas hubieran sido
hechas exclusivamente para perpetuar a los gobernantes.
“Única. Juró sobre esta moribunda Constitución. Juro delante de Dios,
juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta
moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas
necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a
los nuevos tiempos. Lo juro” dijo Hugo Chávez al asumir su primera
presidencia en febrero de 1999. Ese mismo año se desarrolló la asamblea
constituyente que promulgaría una nueva Constitución el 15 de diciembre.
De esta forma, pocos días antes de culminar el siglo, Venezuela produjo
su refundación como república, constituyéndose así la República
Bolivariana de Venezuela como “una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia,
federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la
independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad
territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las
futuras generaciones”.
La experiencia venezolana abrió un proceso que luego sería casi como
un factor común en todo el continente. Sin dudas, un rol paradigmático
fue el que inició Hugo Chávez al llegar a Miraflores. Tras llegar al
gobierno, tanto el dirigente campesino e indígena Evo Morales como su
par ecuatoriano Rafael Correa se hicieron eco del ejemplo del comandante
bolivariano, y tras varios años de luchas de los pueblos ecuatoriano y
boliviano, ambos mandatarios se propusieron institucionalizar los
procesos de cambio social que previamente venían desarrollando los
sectores populares de ambos países.
Lo significativo de los procesos constituyentes tanto en Bolivia como
en Ecuador fue la gran participación de masas, entre las cuales se
destaca la de los pueblos originarios de ambos países, que lograrían
institucionalizar constituciones políticas de un Estado que ahora se
proclamaba plurinacional, multiétnico y partidario del Buen Vivir.
Sumak Kawsay, Suma Qamaña. Buen vivir no implica el
goce indiscriminado de todos los placeres conocidos: comer, beber,
dormir o tener sexo, sumando a todo ello el consumismo extremo; sino
como una propuesta colectiva que se ajusta a la armonía con los otros, y
a su vez con el medio ambiente, con la tierra.
El Sumak Kawsay, en el quechua ecuatoriano implica principalmente ni
un mejor ni un peor vivir que el resto de la comunidad. También sugiere
el eludir la prisa que lleva a querer mejorar obsesivamente nuestro
pasar. Vivir en consonancia con los otros, y sin desvivirse por
mejorarla, son sus principios fundantes.
El Suma Qamaña en el aymará boliviano posee una significación más
colectiva y podría ser traducido como un buen convivir, como una
sociedad buena para todos y en completa armonía.
El Sumak Kawsay fue incorporado a la nueva Constitución ecuatoriana
de 2008 donde se enuncia que: “Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, mientras que en la
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 se escribe que:
“El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la
sociedad plural: ama qhilla, ama Hulla, ama suwa (no seas flojo, no seas
mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y ahavai
ñan (camino o vida noble)”.
Ambas constituciones plurinacionales se pronuncian por una ética que
rastrea en las culturas autóctonas que fueron diezmadas por los
conquistadores. Una iniciativa que plantea desde la misma tierra,
encontrar una manera de relacionarse con los otros y con el medio,
diferente a la que fue impuesta y que aún hoy resulta difícil
desembarazarse de ella. Precedentes como los de Ecuador y Bolivia son
mucho más que un buen aliciente.
Publicado en:
http://www.infonews.com/permalink/147084/
