Las elecciones tucumanas de la semana pasada y las decisiones judiciales posteriores ingresan a la nómina del grotesco en la historia política argentina. Eso se produce pese a la “riqueza” de nuestra historia política, que ha soportado décadas de fraude electoral desembozado y generalizado (en el Régimen Oligárquico y la Década Infame), proscripciones a los partidos políticos mayoritarios (a los radicales en los años ’30, a los peronistas en los años ’50, ‘60 y ’70), golpes de estado que se hacían en nombre de la “Libertad”, la “Constitución” y la “República”, e incluso una Reforma Constitucional, la de 1957, decidida por un dictador militar, con el partido mayoritario proscripto, y el segundo partido retirándose de la “Convención Constituyente” tan precariamente convocada. Sin embargo, en esta rica historia nunca, pero nunca, se habían repetido unas elecciones. Algo realmente novedoso.
Los hechos vistos en Tucumán no resultaron demasiado extraordinarios. Algunas actas mal completadas, por picardía o ignorancia. Una decena de urnas quemadas (aparentemente por simpatizantes de los mismos denunciantes) en localidades pequeñas. Denuncias de “clientelismo” con prácticas que no son novedosas, y que se pueden ver en cualquier provincia, realizadas por los más diversos partidos políticos. De un total de más de 3600 urnas, las denuncias alcanzaban a apenas una docena.
El candidato perdedor (por casi 12%) grita fraude. Consigue un amparo. Se presenta a una Cámara en lo Contencioso administrativo –que no tiene jurisdicción sobre el caso-. Y aquí empieza lo más jugoso: la Cámara se arroga competencia declarando inconstitucional una ley que se la negaba. Aplica esa decisión hacia atrás, toma el caso, y decide anular las elecciones y ordenar se realicen de nuevo… Las pruebas son notas periodísticas. Ni a Kafka ni a García Márquez se les ocurrió algo así.
El gobernador saliente, José Alperovich, declara que es imposible realizar elecciones antes de su partida, el 29 de octubre, y que la ley de acefalía provincial no prevé una situación tan grotesca. Diversos dirigentes políticos y juristas comienzan a analizar si corresponde o no una intervención federal para evitar que la provincia quede acéfala. Todo esto mientras se comienza una apelación ante instancias superiores: la Suprema Corte Provincial, cuya decisión podrá a su vez ser apelada ante la Suprema Corte Nacional. No parece un trámite demasiado rápido.
Diversos juristas han opinado sobre el fallo. El más duro ha sido Eduardo Barcesat quien señaló que la decisión “es aberrante y arrasa el principio de deber de obediencia de la Constitución Nacional, por lo tanto es una conducta sediciosa que alguien se invista de autoridad electoral cuando no tiene atribuciones”, agregando “Es un fallo que trasciende los límites del lenguaje normativo. Se desconoce en forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente”.
El jurista santafesino Domingo Rondina opinó a su vez : “Los jueces no pueden meterse en lo que la ley no les permite”, mientras que para Diego Barovero se trata de una situación de “prevaricato judicial”.
El periodista (y abogado) Mario Wainfeld, de Página 12, agrega inteligentemente que si la elección se anula, como señala el fallo, por la presencia de prácticas clientelìsticas, parece difícil que este problema se pueda resolver de aquí a uno, diez o cien meses, por lo que en la provincia de Tucumán, siguiendo la lógica del fallo, no podría votarse nunca más…
Para advertir lo grotesco de la situación, quizás lo mejor sea proyectarlo a las próximas elecciones nacionales del 25 de octubre. Imaginemos que esa instancia un candidato presidencial obtiene el 41% de los votos, frente a un perdedor con el 29% -que es más o menos lo que hoy dan las encuestas-. Imaginemos que el candidato perdedor comenzara a gritar “fraude”, y lograra como en Tucumán un amparo de uno de esos jueces de birome ágil que vienen pululando en estos años. Luego podría encontrarse algún juez con una creatividad similar al de los colegas tucumanos, poco importa que sea del fuero comercial, civil, penal o contencioso administrativo –mientras tenga chapa sirve- que anule las elecciones y exija un “replay”. A unos 40 días del 10 de diciembre, sería materialmente imposible resolver el berenjenal político-judicial y convocar elecciones. Se llegaría al 10 de diciembre, a la finalización del mandato de Cristina Fernández, sin tener un reemplazante en condiciones de asumir. Tampoco podría reemplazarla el presidente provisional del Senado, hoy Gerardo Zamora, porque todos los cargos de Presidente y vicepresidente de las cámaras legislativas cesarían ese mismo diez de diciembre. Eso no sería lo peor: tampoco podrían asumir los nuevos gobernadores e intendentes recién elegidos, los nuevos diputados y senadores. El poder ejecutivo quedaría acéfalo en su nivel nacional y en muchas Provincias y Municipios. El Congreso quedaría mutilado, con sólo los representantes elegidos en 2013, sin autoridades parlamentarias, y sin saber como se integran las comisiones.
Para colmo de males, la Corte Suprema también se encuentra en una situación cuando menos atípica. Integrada según la ley por cinco jueces, tiene cuatro desde diciembre ante la renuncia de Raúl Zaffaroni, que alcanzó la edad de jubilarse para un magistrado (75). Debía elegirse un reemplazante, por dos tercios de los votos del Senado, pero el Senador radical por Jujuy Gerardo Morales declaró el año pasado que la oposición se había puesto de acuerdo en no elegir un sucesor hasta 2016 –incluso firmaron un documento-. Los reclamos judiciales del oficialismo no tuvieron eco, y el Presidente de la Corte, Ricado Lorenzetti, declaró en diversos medios y varias veces que la corte funciona “perfectamente” con 4 miembros. Entre los 4 miembros se cuenta Carlos S. Fayt, de 97 años y medio, que fue protagonista de un escandalete cuando firmó desde su casa la re-re-reelección de Lorenzetti como Presidente de la Corte, realizada con premura ocho meses antes de la fecha habitual.
Fayt, acerca de cuya salud física y mental se han hecho muchas conjeturas en los últimos meses, y que ha salido poco de su casa en el último año, ha presentado su renuncia a partir del 11 de diciembre de 2015. Le ha sido aceptada.
En definitiva, el 11 de diciembre podemos encontrarnos sin Presidente, sin la mitad de los Gobernadores, sin la mitad de los legisladores de ambas Cámaras, sin autoridades o comisiones parlamentarias, con la falta de una multitud de intendentes, y con una Corte Suprema a la que le faltarán 2 de sus 5 miembros presidida por un magistrado reelegido de una manera realmente extravagante.
Sería un escenario de caos institucional, al que esperamos que no se llegue. En una situación de este tipo ha puesto a la provincia de Tucumán el reciente fallo, con la única salvedad de que el poder judicial de dicha provincia tiene una composición normal. Lo grotesco de la situación muestra a las claras lo absurdo del fallo.
La democracia es el gobierno del pueblo, que elige a sus representantes a través del voto. Habría que avisarles a nuestros jueces…
Adrián Corbella
18 de septiembre de 2015
